El Correo-JAVIER TAJADURA
La actuación del Gobierno de Sánchez con los restos de Franco forma parte de la campaña electoral permanente a la que ha quedado reducida la actual legislatura
El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó un decreto-ley de modificación de la Ley 52/2007, conocida como de ‘memoria histórica’, para dar cobertura legal a la exhumación de los restos mortales de Franco. El Gobierno ha justificado su actuación en la existencia de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados, aprobada en mayo del 2017 –sin que se produjera ningún voto en contra–, en la que se instaba al Ejecutivo a hacerlo. Sin embargo, el consenso alumbrado hace 18 meses se ha roto. La ruptura del acuerdo obedece tanto a razones políticas como jurídicas de indiscutible peso. Y de esa ruptura es responsable el Gabinete de Pedro Sánchez.
Recurriendo a un instrumento como es el decreto-ley, el Gobierno, por un lado, está violentando la Constitución al utilizar un instrumento normativo previsto exclusivamente para situaciones de «extraordinaria urgencia» y, por otro, está operando con arreglo a una lógica incompatible con el Estado de Derecho según la cual «el fin justifica los medios». Con este proceder, el presidente Sánchez pretende expresamente dividir a las fuerzas de la oposición poniéndolas en la tesitura de, o bien aprobar una actuación inconstitucional, o rechazarla, en cuyo caso se les presentará como defensores del dictador. La vicepresidenta se limitó a afirmar que «es urgente porque vamos tarde». El texto del decreto fundamenta esa urgencia en los 18 meses transcurridos desde la resolución del Congreso de 2017 y en una recomendación de las Naciones Unidas. Esa justificación es manifiestamente insuficiente y, en todo caso, contraria a la lógica más elemental: salvo que se tratase de una emergencia de salud pública (un cadáver con restos de radioactividad, por ejemplo), la exhumación de un cuerpo no puede revestir en ningún caso un carácter urgente, y mucho menos si se trata de una persona que lleva enterrada 42 años. A mayor abundamiento: no puede nunca ser urgente una actuación de carácter simbólico –por muy relevante que sea– si no produce efectos sobre la realidad jurídica, política o económica del país.
El procedimiento constitucionalmente legítimo para modificar la ley 52/2007 es el procedimiento legislativo ordinario. Es decir, el Gobierno debería haber remitido un proyecto de ley a las Cortes para que fuese debatido, discutido, enmendado en su caso y votado. En lugar de ello, ha recurrido a un instrumento cuyo uso abusivo ha deteriorado la calidad de nuestra democracia en los últimos tiempos. Durante la primera legislatura del Gobierno de Rajoy, el 34% de las normas legales aprobadas lo fueron por decreto ley. A pesar de contar con mayoría absoluta, el Ejecutivo del PP hizo un uso claramente abusivo del decreto-Ley con la finalidad de evitar la discusión parlamentaria y privar a la opinión pública de los debates sobre asuntos polémicos. El PSOE se opuso con tanta razón como contundencia a esta antidemocrática práctica. Y ahora, en un formidable ejercicio de hipocresía, la ampara. En todo caso, el responsable último de esta situación es el Tribunal Constitucional, cuya doctrina ha relativizado el concepto de «urgencia» al considerarlo un requisito de índole subjetiva (es el Gobierno el competente para valorar esa situación) y no objetiva. Pero, con todo, en el caso que nos ocupa, la urgencia que alega el Gabinete de Sánchez es una urgencia meramente electoral.
Y es que el procedimiento utilizado pone de manifiesto cuál es el verdadero próposito del Gobierno, es decir, su finalidad política. El Ejecutivo pretende utilizar los restos de Franco como arma electoral. Desde esta óptica, el decreto-ley (aunque si es recurrido por la oposición pueda ser declarado inconstitucional dentro de diez años o los que tarde en resolver un Tribunal Constitucional que por la lentitud en dar respuesta a los recursos hace tiempo que dejó de actuar como garante efectivo de la Constitución) se presenta ante la opinión pública como el triunfo de un Gobierno que ha podido hacer lo que todos los anteriores no lograron. En suma, la actuación del equipo de Sánchez forma parte de la campaña electoral permanente a la que ha quedado reducida la actual legislatura. El decreto-ley asegura muchos votos y produce, además, otros efectos. El circo mediático generado en torno a la exhumación coloca en segundo plano los dos grandes desafíos de la legislatura (Cataluña y los Presupuestos); sirve de cemento unificador de los grupos que apoyaron la moción de censura; y, finalmente, obliga al PP y a Ciudadanos a incurrir en el riesgo de ser tachados de franquistas si se oponen al decreto.
En este contexto, populares y C’s están en óptimas condiciones para contraatacar y salir al paso del chantaje al que parece abocarles el Gobierno. Bastaría con que votaran no a la convalidación de un decreto-ley inconstitucional y, al mismo tiempo, presentaran una proposición de ley para lograr el mismo fin –la exhumación–. Realmente esto es lo que debió hacerse hace 18 meses, si no mucho antes: presentar una iniciativa legislativa conjunta de todas las fuerzas políticas para exhumar a un cruel dictador de un sepulcro cuya finalidad es la exaltación de su persona y de su régimen. Un régimen que, sepultado junto con otros sistemas totalitarios –fascistas y comunistas– en el basurero de la historia, está bien enterrado.