EL CORREO 03/09/13
FLORENCIO DOMÍNGUEZ
Desde hace tiempo, desde mucho antes de ser elegido lehendakari, Iñigo Urkullu viene reclamando a la antigua Batasuna una reconsideración de sus complicidades pasadas con el terrorismo de ETA. La última vez que formuló esta demanda fue el pasado 30 de agosto en San Sebastián, al término de la reunión del Gobierno celebrada en el Palacio de Miramar. Poco después de haber sido recibido por la representación institucional de Bildu en el Ayuntamiento, la Diputación y las Juntas Generales, Urkullu volvió a pedir a la izquierda abertzale una «revisión crítica de su pasado».
Estas palabras del presidente vasco tienen, en el fondo, idéntico contenido a las recientes declaraciones de monseñor José Ignacio Munilla en las que pidió a ETA y a su mundo el arrepentimiento de su pasado. La diferencia entre ambos está en que Urkullu expresa la idea con el lenguaje laico de la política, mientras el obispo habla con los términos propios del hombre de Iglesia.
Las reiteradas veces en las que Iñigo Urkullu se ha expresado en estos términos revelan la existencia de una idea firme de fondo, la convicción de que ETA y los suyos tienen que hacer una autocrítica real y profunda, aceptando la ilegitimidad del terrorismo y no limitarse a decir que reconocen que la violencia causó daños como si no se hubieran dado cuenta hasta ahora de los efectos que provocaba.
Esa convicción de fondo que reflejan las palabras del lehendakari y su actitud de exigencia pública hacia el mundo de ETA no queda, sin embargo, reflejada en el plan de paz y convivencia que el Gobierno vasco ha presentado a los partidos políticos. Como si a una posición ética nítida le costara trabajo plasmarse en un plan de acción política. Si hay un punto en común en las críticas que le hacen el PSE, el PP y UPyD a ese plan es el reproche de ser condescendiente y poco exigente con la izquierda abertzale. Hay demasiada complacencia con quienes todavía se resisten a asumir los mínimos éticos aprobados en el Parlamento vasco. Tampoco se ha visto demasiada exigencia hacia la izquierda abertzale este verano en las polémicas creadas por las elecciones de pregoneros o txupineras cuestionadas por los tribunales.
El plan todavía está a tiempo de ser modificado si se tuvieran en cuenta las aportaciones y críticas que han presentado o van a presentar los tres partidos mencionados, pero algunas declaraciones de portavoces nacionalistas de los últimos días no alientan esa esperanza, precisamente.
El Gobierno vasco y el PSE están a punto de inaugurar una nueva etapa con los acuerdos que ultiman en los ámbitos fiscal y socioeconómico. Las relaciones entre ambos pasarán a ser de cooperación, aunque los socialistas han dicho por activa y por pasiva que seguirán ejerciendo la oposición. La reflexión que cabe plantearse es si esa nueva relación hará más fácil un acercamiento en otras cuestiones como, precisamente, el plan de paz, o los dos partidos necesitarán agudizar las diferencias en los asuntos que están fuera del pacto para subrayar perfiles diferenciados.