¿Existió ETA?

Ha causado algún revuelo, cada vez menos, la aplicación por parte del Gobierno vasco del penúltimo beneficio penitenciario a un terrorista de ETA, en esta ocasión a Garikoitz Aspiazu ‘Txeroki’, condenado a más de 400 años de prisión por 21 asesinatos en grado de tentativa. Lo mismo ha ocurrido con el más reciente tercer grado otorgado a Asier Arzalluz, condenado a 125 años por tres asesinatos. Desde que en octubre de 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez transfiriera la competencia de prisiones al Gobierno vasco, sobrepasa el centenar los beneficios penitenciarios concedidos a los presos de la banda terrorista. Este carrusel de prevaricaciones, unido a otras razones que enumeraré a continuación, contribuye a justificar el título del artículo.

La traición la inició Zapatero en el año 2000 cuando encargó al secretario general del PSE de Guipúzcoa negociar políticamente el final de ETA de la mano de Arnaldo Otegi, el mismo que dijo en octubre de 2021 aquello de «Tenemos 200 presos en la cárcel, si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos». Desde aquel año 2000, el PSOE engañó al PP, de manera simultánea, aprobando el pacto por las libertades y contra el terrorismo o la ley de partidos para la ilegalización del brazo político de ETA –como sucedió en 2003– mientras pactaba con ETA su regreso a las instituciones. Por no extenderme en su vergonzosa trayectoria, la traición concluyó de manera definitiva en mayo de 2011 con la fórmula actual de Euskal Herria Bildu.

Hoy ETA no necesita matar para lograr sus objetivos, de hecho, el lavado de cara al que ha sido sometido su brazo político y el olvido de las demandas de las víctimas, es lo que nos hace preguntarnos si ETA realmente existió. Hoy Bildu, desde su unión al PSOE con la moción de censura a Rajoy, es uno de los pilares más sólidos de la acción gubernamental de Sánchez. Un día determinan la ley de vivienda, otro establecen la vigencia de la ley de memoria democrática y el tercero fijan el contenido del decreto que aprueba el «escudo social».

Los más de 375 asesinatos de la banda sin autor conocido, muchos ya prescritos, ni siquiera se investigan, aunque podría hacerse con la finalidad de otorgar a las víctimas la reparación de juzgar a los asesinos, cumpliendo de paso el mandato del Parlamento Europeo que así lo ha exigido al Gobierno de España. Lo mismo ocurre con los homenajes a los terroristas, se celebran con absoluta impunidad a pesar de que las leyes nacional y autonómicas de reparación a las víctimas del terrorismo, obligan a los poderes públicos a evitarlos.

Hoy soportamos la vergüenza de ver a condenados de la banda terrorista recibir subvenciones públicas mientras otros dan clase en la universidad pública vasca, los últimos Zabalo y Sarrionaindia, condenados a docenas de años de prisión y contratados como «profesores» de un máster de la Universidad del País Vasco sobre «Soberanía en los pueblos de Europa». Al asesino del comandante Jesús Velasco, se le permite dar charlas en sus aulas para justificar su pasado criminal y otros como Mikel Antza, son contratados como dinamizadores socioculturales en ayuntamientos gobernados por Bildu.

La mayoría de los terroristas beneficiados de los terceros grados otorgados por la consejera socialista de Justicia del Gobierno Vasco cuentan con la pasividad de la Fiscalía que apenas los recurre pese a ser un fraude de ley palmario. Todas las demandas de Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia, olvidadas cuando no directamente traicionadas. Mientras, los jóvenes a los que tanto se instruye sobre la Guerra Civil y el franquismo, ignoran quién fue Gregorio Ordoñez o Miguel Ángel Blanco, y muchos ni saben qué fue ETA. Por supuesto que si ETA en vez de ser una banda terrorista marxista y separatista, lo hubiera sido de extrema derecha, nada de lo que he relatado habría ocurrido del mismo modo.

El panorama para la memoria del terrorismo de ETA y el sufrimiento de sus víctimas es desolador, un último ejemplo lo constata. A punto de terminar estas líneas, dando un paseo por Vitoria, he pasado por delante de la Facultad de Educación y Deporte de la UPV, un cartel colocado en su fachada –siempre son del mismo estilo– decía en vascuence «tres de marzo, la lucha no se para». Es sabido que, hace cincuenta años, el tres de marzo de 1976 en Vitoria, la Policía acabó con la vida de cinco trabajadores en una protesta laboral. Por supuesto que estos trabajadores merecen ser recordados, pero resulta demoledor no haber visto jamás en una facultad de la universidad pública del País Vasco una sola pancarta o convocatoria recordando siquiera a una de las 856 víctimas de la banda terrorista ETA, muchas de ellas asesinadas hace bastantes menos años que las del tres de marzo. Así que ETA existió, vaya si lo hizo, y muchos lo recordaremos, aunque algunos traten de borrar o edulcorar su casi medio siglo de historia criminal con mentiras y traiciones.