JAVIER REDONDO-EL MUNDO
31/10/2019
Sánchez es el primer presidente que cobró por su campaña. En puridad, recibió 16.000 euros por un libro que constituyó el eje vertebrador de su relato y tituló con su consigna y sustantivo fetiche: resistencia. Es también el primer presidente expedientado por la Junta Electoral Central –tras dos apercibimientos– por vulnerar el principio de neutralidad de los poderes públicos durante el proceso electoral. Sánchez se considera presidente con dispensa. Por eso, tarde o temprano, acabará cometiendo un error fatal. Una cosa es poner las teles a su servicio y otra –o lo mismo– poner La Moncloa al servicio de las teles, o sea, para su provecho. Por último, Sánchez es el primer candidato que incluye en su programa una cláusula de enmienda. El PSOE combina el principio autonómico con el federal para no terminar nunca de resolver su disonancia. El PSOE tiene un problema con el partido con el que gobierna en coalición, el PSC, y acaba trasladando su desarmonía al resto de España. De la necesidad de complacer al PSC y de las hipotecas de Sánchez con Iceta devienen sus sonrojos y renuncios. Sánchez quería una campaña en rojo y gualda e Iceta le ha puesto unas minas en el despliegue: debe rescatar las declaraciones de Granada y Barcelona.
El principio federal no marida con el reconocimiento de la plurinacionalidad y le exige a cada una de las partes que declaren su lealtad al todo. Salvo en el caso canadiense, el principio federativo es incompatible con el derecho a la separación. España representa de facto un modelo federalizado por devolución –no por asociación–. Como sostiene el profesor Blanco Valdés, «España es una federación en todo menos en el nombre». Por eso ambas declaraciones constituyen un ardid, despejan el trastorno y ocultan un vicio: los supremacistas nunca aceptarán el principio federativo porque aspiran a ejercer su soberanía declarando súbditos al resto de los españoles. A eso se reduce, en esencia, su derecho a decidir. El vicio y ardid consisten en el perpetuo disimulo. Si realmente Iceta reivindicara el principio federativo, trasladaría el diálogo a la Conferencia de presidentes autonómicos. El diálogo al que se refiere Iceta se inserta en el comunicado de Pedralbes. He aquí lo que esconde el icetismo: ofrecer «una respuesta democrática a las demandas de la sociedad catalana, en el marco de la seguridad jurídica». Esto se recogió en Pedralbes tras reunirse Sánchez con Torra en 2018: aire y humo para el PSOE y munición para el separatismo.
En la Declaración de Barcelona se propuso reformar la Constitución para que «contemple el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña». También hace referencia a las 46 reivindicaciones de Puigdemont a Rajoy. Sáez de Santamaría hablaba de 45+1 porque el referéndum era inadmisible. Así que los nacionalistas retiraron el resto. En el documento de Barcelona el PSOE las resume sin referirse al referéndum e incluye en todo el catálogo de privilegios el compromiso de «resolver cuestiones relativas a la memoria histórica». El PSOE se topa con sus fantasmas y Sánchez fía su destino a Iceta.