Expulsado por Sánchez, agasajado en Francia

«Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra», recordó ayer Juan Carlos I, de 88 años, en su discurso en la Asamblea Nacional de Francia, que le rindió un elegante homenaje en reconocimiento a su interesante libro de memorias, Reconciliación. La frase nos recordaba lo absurdo de su situación: ensalzado en el país vecino y expulsado y ninguneado por el Gobierno del suyo, donde reinó con notable éxito durante 38 años y 209 días.

A Juan Carlos I lo echó Sánchez de España, invocando supuestas deficiencias tributarias y morales. La operación, una suerte de pena de destierro sin sentencia alguna, se consumó con la aquiescencia del hijo veterano monarca, que no presentó objeción. El 2 de agosto de 2020, el Rey Juan Carlos abandonó España rumbo a Dubai. Allá sigue.

En aquel verano de 2020, Sánchez tenía un problema acuciante. Había dado por concluida la pandemia con altisonantes palabras propagandísticas, pero acto seguido se produjeron nuevos picos duros del virus, con muchísimas muertes más. Le hacía falta con urgencia una cortina de humo. La encontró en las andanzas del Rey Juan Carlos, que a pesar de su notable hoja de servicios había emborronado su legado con sus querencias concupiscentes y su culto al becerro de oro.

Las televisiones afectas a la Moncloa comenzaron a tronar contra el viejo Rey, que perdió su nombre para pasar a ser «el emérito» (dicho con soniquete displicente). Los ministros y el propio Sánchez se sumaron al coro con lanzadores de dardos y le exigieron muy enojados «un gesto». Al final fue forzado a irse de España. Sánchez doblaba así la mano a la Corona, con un claro mensaje subliminal de que «aquí manda Mi Persona».

Decía el sabio Pascal que «todas las desgracias de los hombres provienen de no saber permanecer en reposo en una habitación». Juan Carlos I no ha anotado el consejo. Su ajetreo lúdico resulta llamativo para su provecta edad. Si le propusiese a mi madre, que es exactamente de su quinta, que viajase de aquí para allá de esa manera, o que se subiese a un barco por las ventosas rías gallegas, me tiraría un zapato a la cabeza.

Pero el Rey no para, por lo que sus visitas a España ya no son noticia. En realidad nada le impide volver. Podría hacerlo mañana mismo. No es así porque se empecina en residir en la Zarzuela y porque el retorno podría implicar consideraciones fiscales.

Juan Carlos I no vuelve porque no quiere. Otra cuestión es el trato deplorable que le ha dado el Gobierno. Su reciente baño de vítores en la Maestranza de Sevilla, o el homenaje galo de este sábado, contrastan con el desdén del Ejecutivo. Urtasun, el ministro de Cultura, es un comunista caviar, nieto de un falangista navarro que en la Guerra Civil combatió en el bando nacional con condecorado ardor. Ayer, con un pésimo estilo, Urtasun salió presto a darle caña al anciano monarca mientras Francia le rendía tributo.

El clímax de este desprecio se produjo el pasado noviembre, cuando se celebró en el Palacio Real el gran acto oficial por el 50 aniversario de la reposición de la monarquía, que excluyó al Rey protagonista. «Es ridículo que en un bautismo no aparezca el niño», rezongó molesto Juan Carlos I. Tenía razón y su hijo, Felipe VI, no debería haber transigido con la exclusión.

Al margen de las consideraciones sobre la moral de Don Juan Carlos, que merece críticas razonables, el rechazo completo que muestran hacia su figura el actual Gobierno y su coalición antiespañola tiene calado político. La demolición de Juan Carlos I se emplea como un garrote para erosionar su principal legado: la Transición y su modelo constitucional. El PSOE, mano a mano con los separatistas, está embarcado en un proyecto para remozar la Carta Magna a hurtadillas e ir aflojando los hilvanes de la nación. Al presentar como un pillo al personaje clave de la obra del 78, lo que pretenden es desacreditarla, justificando así romper con aquel modelo, que es el de nuestra democracia. La alternativa sanchista a lo que desprecian como el juancarlismo es una suerte de España confederal, con dos mini estados asociados, Cataluña y el País Vasco, y un muro «progresista» que aparte a la derecha del Gobierno para siempre.

Y mientras tanto, el proyecto de autócrata y la quíntuple imputada ya disfrutan de un fin de semana a todo trapo en China, pagado por nuestros impuestos. La agenda oficial empieza el lunes, ¿pero por qué privarse de viajar dos días antes para hacer «un Yoli», es decir, practicar un poco de turismo de luxe a costa de las arcas del Estado?