Como este Gobierno es una sucesión de escándalos, el ‘sí es sí’ había opacado el de la rebaja penal a medida de los separatistas y ha tenido que salir el Supremo a recordarlo. Y lo hace en un auto cuyo principal corolario no es el mantenimiento de la condena por inhabilitación a Junqueras y compañía sino el aserto axiomático de que la supresión del delito de sedición deja inerme al Estado. Es decir, de que en adelante cualquier dirigente político puede rebelarse contra la Constitución sin responder de sus actos siempre que no desemboquen en alzamientos tumultuarios. Impunidad para que el soberanismo reproduzca su insurrección –’ho tornarem a fer’– cuando le venga en gana sin que la justicia tenga a su alcance instrumentos para castigarla. El intento de fractura territorial y de desbordamiento de las leyes orquestado desde las instituciones catalanas puede repetirse con plena impunidad allí o en cualquier otro lugar de España.

Lo sabíamos pero ahora es el Supremo el que lo pone por escrito: la modificación legal promovida por el sanchismo ha creado un vacío normativo que sitúa a las conductas tipificadas en la sentencia del ‘procès’ en una especie de limbo, un ‘espacio extramuros’ al margen del marco jurídico y donde la inobservancia o el quebrantamiento de las leyes no pueden ser perseguidos. Y eso no ha sucedido de manera más o menos impremeditada o por error, como se supone que ha pasado con los beneficios a los agresores sexuales, sino por voluntad deliberada del partido gobernante, que no conforme con indultar a sus socios les preparó una suerte de ‘ley de Punto Final’, una amnistía de diseño que borre de facto la huella de sus desmanes y les permita presentarse a futuras convocatorias electorales. Esto último al menos no va a ocurrir porque la inhabilitación por malversación medial sigue adelante… salvo que el Constitucional los ampare, detalle que con la actual mayoría no resulta en absoluto descartable.

Pero el horizonte político de Junqueras es irrelevante ante la evidencia de que el trabajo de demolición procesal está hecho. El veredicto de sedición, formulado tras un impecable juicio garantista retransmitido en directo, queda desmantelado y listo para su revocación en el tribunal europeo. Los jueces han sostenido con firmeza su criterio pero el Estado de derecho sufre una desarticulación que lo deja desprotegido, vulnerable, indefenso ante nuevas tentativas de transgredir su ordenamiento, y el independentismo despeja los obstáculos penales a su plan de organizar otro referéndum. En el futuro, si persiste la estrategia de ocupación del poder judicial y su transformación en terminal del Gobierno, ni siquiera existirán mecanismos capaces de poner cortapisas a sus proyectos. En pleno ciclo electoral, el voto de los ciudadanos dará o quitará el consentimiento a ese modelo destituyente cada vez peor encubierto.