La duda es cómo tratará Batasuna de eludir el compromiso de romper su relación con el terrorismo. ¿Ha de ir la legalización por delante de la renuncia a las armas para propiciar ésta, o debería ser al revés? La cuestión resulta tan endiablada para el Estado de Derecho que quizá sea mejor el ‘cuerpo a tierra’ hasta que se pronuncie el Constitucional.
La declaración de alto el fuego que ETA hizo pública el pasado lunes refleja la particular visión que tanto la banda terrorista como la izquierda abertzale tienen de eso que han denominado «decisión unilateral». La supuesta «unilateralidad» de su proceder constituiría un argumento moral con el que los etarras tratarían de congraciarse consigo mismo y ofrecerían a la izquierda abertzale un motivo de orgullo por ser partícipe de tan coherente actitud. El mensaje vendría a decir lo siguiente: nosotros adoptamos una decisión valiente, comprometida, incluso generosa para dar inicio a un nuevo ciclo político. Y añadiría: claro está que ese ciclo sólo se hará realidad si «la otra parte» obra en consecuencia.
ETA desearía condicionar su «unilateral» disposición a superar el «conflicto armado» a la respuesta que dé el Estado, es decir el Gobierno. Pero si éste opta por verlas venir, sin más, a la banda terrorista se le haría realmente difícil romper su tregua. La «unilateralidad» es formalmente jactanciosa, pero también atestigua la extrema debilidad en la que se encuentran los etarras y la izquierda abertzale. La izquierda abertzale ha emplazado a «la otra parte» a que se mueva, advirtiéndola de que no puede malograr una oportunidad así. Pero ni el comunicado de ETA ni sus intérpretes más entusiastas se atreven a mentar la amenaza de una vuelta atrás. Porque saben que la sociedad nunca cargaría a «la otra parte» con las culpas de tal supuesto. La «unilateralidad» de una dilución silenciosa de la trama etarra se adivina como el alargado punto final de toda esta historia, y no como su línea de salida.
En su última entrevista desde la cárcel de Logroño, Arnaldo Otegi aportó sólo una novedad. Fue la primera vez que alguien con autoridad o ascendencia se atrevía a hablar claro sobre el orden que ocupa el ‘factor presos’ respecto a los planes de la extinta Batasuna. «La libertad del conjunto de los presos políticos debe ser abordada en el inicio del proceso de diálogo y negociación, como ámbito autónomo de negociación entre ETA y el Estado, sin esperar a acuerdos políticos de carácter resolutivo». Otegi se aferra a la interesada convicción de que lo de la amnistía va de suyo; pero además precisa que ha de ir por delante. Es significativo con qué facilidad el socorrido portavoz se quita de encima el problema endosándoselo al Estado constitucional. En realidad trata de sortearlo porque sabe que la propia existencia de los presos va a lastrar los planes de la izquierda abertzale. Hasta el punto de que Otegi lleva razón: no podrán avanzar en el diseño de esa «etapa histórica verdaderamente democrática» con la que pretenden obsequiar a Euskal Herria si antes no se deshacen de los presos. Lo que no quiere admitir es que ésa va a ser una tarea de años.
La izquierda abertzale suscribió en junio un acuerdo estratégico con Eusko Alkartasuna, mañana presenta otro -esta vez no estratégico- con EA y con Alternatiba y el próximo día 22 se personará junto a los demás integrantes del Acuerdo de Gernika para recordar a «la otra parte» que el alto el fuego de ETA le emplaza a moverse.
Las disquisiciones sobre lo que es y lo que no es estratégico revelan que se trata de un juego ciertamente confuso y hasta ridículo. No se sabe si la izquierda abertzale busca aliados o más bien se deja acompañar por quienes están interesados en aparecer a su lado. El eco de esas alianzas comenzó a percibirse hace mucho tiempo, porque es de suponer que han de ir por delante del momento crucial en el que la izquierda abertzale se jugará su regreso o no a las instituciones. Tan por delante que resulta imposible adivinar si realmente servirán para que los miembros de la antigua Batasuna logren colarse en los comicios locales y forales, y hasta qué punto EA, Alternatiba y, en otro plano, Aralar están haciendo cuentas sobre los beneficios que obtendrían si la izquierda abertzale se quedara de nuevo fuera de la ley y, especialmente, sobre los perjuicios que les causaría su legalización plena.
El arco de posturas que va desde Eguiguren hasta la izquierda abertzale, pasando por un PNV cauteloso en tanto que dividido, entiende que la legalización de la izquierda abertzale debería adelantarse a los acontecimientos para hacer de la tregua etarra un proceso irreversible. Urkullu insiste en la obviedad de que si la izquierda abertzale cumple con la legalidad debe ser legalizada. También el lehendakari López pasó ayer de puntillas ante la cuestión, aunque todos nos apuntemos a su deseo: «Ojalá este colectivo siga dando pasos y rompa cuanto antes cualquier tipo de relación con la violencia terrorista, integrándose plenamente en el sistema democrático, acatando sus normas e instituciones».
La duda es cuándo lo hará o, mejor, cómo tratarará de eludir semejante compromiso. No se conocen los estatutos del nuevo partido, ni la identidad de sus promotores nominales, ni la parafernalia que acompañará a su inscripción en el Registro de Interior. Pero el debate suscitado sobre el orden de los factores -¿ha de ir la legalización por delante de la renuncia definitiva a las armas para propiciar ésta, o debería ser al revés?- resulta tan endiablado para el Estado de Derecho que quizá sea mejor optar por el cuerpo a tierra hasta que se pronuncie el Constitucional.
Kepa Aulestia, EL CORREO, 15/1/2011