Editorial en EL PAÍS,19/7/2011
Aunque se han insinuado otras razones (proteger a infiltrados,no entorpecer operaciones de más entidad),los indicios señalan como más verosímil que se intentó evitar dar a ETA un pretexto para romper el proceso de paz iniciado en marzo de aquel año y que atravesaba por momentos críticos.
El 4 de mayo de 2006,un policía alertó a un miembro del aparato de extorsión de ETA de que se preparaba una redada ordenada por un juez contra ese entramado. Los indicios incluidos en el auto son convincentes al respecto. Su conclusión de que quien dio el soplo y sus jefes,incluyendo el entonces director general de la policía,cometieron un delito de colaboración con banda armada es más cuestionable. Aunque se han insinuado otras razones (proteger a infiltrados,no entorpecer operaciones de más entidad),los indicios señalan como más verosímil que se intentó evitar dar a ETA un pretexto para romper el proceso de paz iniciado en marzo de aquel año y que atravesaba por momentos críticos.
Se habría tratado de elegir entre los evidentes riesgos asociados al insólito método empleado y los de ruptura de un proceso de retirada pactada de ETA que el Gobierno consideraba factible:un dilema de naturaleza política.
Es defendible la idea de que lo decidido no fue impedir sino aplazar una operación que de todas formas se produjo poco después,aunque no es cierto que ese aplazamiento careciera de efectos negativos:posibilidad de destruir pruebas,etcétera. Pero la valoración de ese riesgo también es política,no jurídica. Y los jueces aplican la ley al margen de consideraciones políticas.
Pero deben hacerlo con responsabilidad. ¿Podía la justicia haber actuado de otra forma que procesando a los responsables policiales? Sí podía,y seguramente debía,a la luz de la resolución del Supremo que ordenó,a fines de 2006,el archivo de la querella presentada por Manos Limpias contra el presidente Zapatero y su Gobierno por haber autorizado la reunión de los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares con dirigentes de Batasuna en julio de ese año. El auto consideraba “un fraude constitucional que alguien pretendiera mediante la acción penal corregir la dirección de la política interior o exterior del Gobierno”.
Intentar una retirada pactada de ETA era una responsabilidad del Gobierno,cuya valoración corresponde al Parlamento,que fue quien autorizó el diálogo. Hoy sabemos que la percepción que tenía el Gobierno de la disposición de los terroristas era errónea,y que también lo fue el chapucero procedimiento empleado para evitar la ruptura con que amenazaba la banda. Pero es absurdo considerar que intentar ganar tiempo de esa torpe manera suponga cometer un delito,y precisamente de colaboración con banda armada.
Editorial en EL PAÍS,19/7/2011