Tonia Etxarri-El Correo
Máxima expectación ante el acto solemne que mañana, viernes, tendrá lugar en la sede del Tribunal Supremo para inaugurar el Año Judicial y que será presidido por el Rey. La tensión se ha disparado en el mundo de la judicatura al constatar que el fiscal general del Estado, que hasta ahora no ha dimitido, piensa hacer acto de presencia para presentar la Memoria Anual de la Fiscalía que ayer entregó en persona al monarca. No parece que sea lo más adecuado que Álvaro García Ortiz, con un pie en el banquillo de los acusados, en pleno procesamiento penal, vaya a compartir escenario con los magistrados de la Sala Segunda que lo van a juzgar y se permita disertar, ante el Rey, sobre el respeto a la ley y la separación de poderes en un Estado democrático.
El saludo, distante y más breve de lo habitual, que ayer mantuvieron Felipe VI y Álvaro García Ortiz en la Audiencia del Palacio de la Zarzuela, desvelaba la difícil situación que ha creado el jefe de los fiscales al no apartarse del cargo para no dañar la imagen de la institución que todavía preside. Eso es lo que sostiene la mayoría de fiscales asociados que no ocultan su preocupación ante una situación tan nociva para el poder judicial. La Sala de Apelaciones del Supremo situó al fiscal general del Estado en la vía del procesamiento porque vio «indicios suficientes» de delito de revelación de secretos. ¿Va a presentarse mañana en el acto de la apertura del Año Judicial como si tal cosa?
Va a ser que sí. Con la vehemente defensa que el presidente está haciendo de su inocencia, en TVE y en un periódico británico, independientemente de lo que diga la Justicia, don Álvaro aguantará lo que haga falta.
A Pedro Sánchez, que le resbala cualquier contradicción o incumplimiento de la palabra dada, lejos de afectarle esta tensión parece que la busque con tal de mantener su autoridad frente a cualquier contrapeso. Y seguirá atando en corto a quien, con tanta fidelidad y sumisión, ha servido a sus propios intereses. ¿Con la presencia del fiscal general se normalizará otra anomalía de esta convulsa legislatura? Una desviación más que se va sumando a la polémica visita del presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, al prófugo Puigdemont y también a la propia descalificación de los jueces que acaba de dirigir Sánchez. Sus palabras sentencian la ruptura de todos los puentes entre los dos poderes. Una situación impropia de una democracia consolidada como la nuestra. Pero si, en realidad, el presidente del Gobierno cree que algunos jueces, los que instruyen causas contra su entorno, están cometiendo ‘lawfare’, le está dando la razón a Puigdemont. Coincide con el prófugo y con tantos independentistas y socios de ultraizquierda que han llegado a hablar de «golpismo judicial».
Atentos al acto de mañana. Será surrealista, por falta de decoro de quien pretende instrumentalizar la institución de la Fiscalía. Feijóo no acudirá a la cita para dejar en evidencia al fiscal procesado. Un gesto elocuente pero que, al final, puede provocar daños colaterales porque el líder del PP, con su desmarque, a quien acaba haciendo un desplante es al Rey.