El déficit de agentes de la Policía Nacional en Cataluña ha provocado que en los últimos meses se hayan visto obligados a paralizar investigaciones sobre delitos graves. Al menos tres fuentes del cuerpo consultadas por este diario confirman que la falta de efectivos está dañando, en especial, el trabajo de policías que persiguen a las redes de prostitución y explotación de personas, a los agentes destinados a las brigadas de información y a las unidades de la Policía Judicial.
En la actualidad hay destinados 2.900 agentes en Cataluña, lejos de los 3.800 que marca el Catálogo de Puestos de Trabajo de Interior. Para intentar cumplir con las competencias que aún ostentan en Cataluña con el número de policías disponibles, la Jefatura Superior de Policía destina a investigadores a trabajos que nada tienen que ver con la persecución de redes mafiosas, delitos de blanqueo o seguimientos a sospechosos.
Es el caso de los policías destinados a los 13 grupos que la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad (Ucrif) tiene en Cataluña. Especializados en la lucha contra las redes de explotación sexual de Asia, África o Europa del Este, muchos agentes dejan de perseguir a proxenetas y son derivados a tareas de apoyo en el polémico Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona.
Según explicaron fuentes que pidieron el anonimato, cuando agentes de los grupos de investigación de la Ucrif son trasladados al CIE, las unidades pierden equipos enteros durante días. De esa forma se aplazan los informes y las redes de explotación sexual operan durante más tiempo. Los policías afectados por los traslados, además, pasan de acumular pruebas contra las mafias a trasladar a inmigrantes en coche a otros CIE para que sean deportados.
El mismo aplazamiento en las investigaciones se está dando entre los 25 grupos de la Policía Judicial y en la veintena de unidades de la Brigada Provincial de Información (BPI) repartidas por las cuatro provincias catalanas. Los grupos de la BPI son los responsables de elaborar informes sobre miembros de tribus urbanas o grupos de la ultraderecha; organizaciones violentas, y sospechosos de pertenecer a grupos terroristas como el Estado Islámico. Este medio no ha podido confirmar si algunas de las investigaciones paralizadas tiene relación con sospechosos de terrorismo.
Los investigadores de la Policía Judicial y de la BPI, como en el caso de la Ucrif, también están siendo trasladados a otras tareas policiales, para nada relacionadas con su trabajo. Paradójicamente, pese a que muchos agentes trabajan de paisano para no ser identificados, están siendo enviados a vigilar edificios públicos vestidos de uniforme.