Veredicto: culpable. El fiscal general condenado, otra ‘primera vez’ del mandato de Sánchez. A falta de los detalles de la sentencia y de los votos particulares, lo relevante es el fallo de inhabilitación y multa, sin ingreso en la cárcel. La operación de acoso político a Ayuso, ordenada desde la Moncloa y sus terminales, ha acabado llevándose por delante a un alto funcionario de la justicia que nunca debió involucrarse en un trabajo de esta clase. Y la inocencia que el presidente proclamó en pleno juicio con retadora arrogancia se ha estrellado contra la autonomía de unos magistrados capaces de defender sin titubeos sus competencias jurisdiccionales.

Quizás el aspecto más inquietante del asunto haya sido la hiperventilada reacción de la ultraizquierda, aliada y parte del Ejecutivo, presa de un ataque de furia antisistema. El Gobierno se manejó en principio con cierta prudencia pero los dirigentes de Podemos se han quitado la careta institucional para arremeter contra la judicatura en una ofensiva colérica. Han emitido su propia sentencia sin necesidad de pruebas: la culpable es la derecha. Judicial, política, periodística; una malvada hidra de muchas cabezas que hay que cortar como sea.

La semana de Franco ha discurrido por cauces inopinados. La UCO ha encontrado el rastro de las mordidas de Cerdán y Anticorrupción –la Fiscalía, ojo– ha pedido veinticuatro años de prisión para Ábalos. La campaña de las primarias socialistas está bajo sospecha en la comisión de investigación del Senado. Y antes del ‘happening’ memorial del Congreso sobre la muerte del dictador, el tribunal de mayor rango ha expulsado a García Ortiz del cargo que su jefe defendía con ardor de miliciano.

Cualquiera de esos episodios bastaría para acorralar y/o tumbar a un primer ministro en una democracia normalizada. No será el caso porque España tampoco es ya un régimen liberal en la práctica. El sanchismo ha derivado en una trama de corrupción administrativa, institucional y orgánica atrincherada en una inestable mayoría parlamentaria que sujetan partidos regidos por delincuentes con cargas penales condonadas. Se trata del peor momento desde la Transición, una nación arrastrada a un enfrentamiento civil sin armas por un poder público sin reglas decidido a sobrevivir a salto de mata.

El proceso aún puede alcanzar un punto más tenso. Un indulto presidencial –que debería informar, o tal vez pedir, la misma Fiscalía que hasta hoy capitaneaba el reo– crearía una atmósfera eléctrica de desafío al Supremo. No es una hipótesis descartable en este ambiente de conflicto de legitimidades llevado al extremo por un gobernante que tiene a los tribunales encima de su círculo familiar más estrecho. Sí, todavía es posible ir más lejos en el choque directo. La experiencia demuestra que el rumbo autoritario carece de frenos cuando un caudillo siente su liderazgo en riesgo.