Editorial-El Correo
- Sánchez debe aclarar las actividades de su esposa, citada por el juez en plena campaña electoral, un hecho absolutamente inusual
La citación a Begoña Gómez para que acuda a declarar en calidad de investigada ante el juez Juan Carlos Peinado el próximo 5 de julio respondería, según el auto, a la celeridad pretendida por el titular del juzgado número 41 de Madrid para evitar la estigmatización de la citada. Todo parece habitual, a excepción del hecho absolutamente inusual de que el llamamiento se dé a conocer en la última semana de campaña para las elecciones europeas, en cuyo desarrollo el caso había cobrado una notable trascendencia que ahora se ve incrementada. La Justicia no está obligada a adoptar sus resoluciones o a publicarlas fuera de período electoral. Pero ha sido una práctica generalizada que aquellas disposiciones judiciales adoptadas en un momento preliminar de la instrucción no interfieran en unos comicios tan inmediatos. Las palabras de la ministra portavoz Pilar Alegría insistiendo en que no hay «nada de nada» acabaron eclipsadas pocas horas después por la «nueva carta a la ciudadanía» de Pedro Sánchez, cuyo contenido no merece la consideración de un mensaje presidencial.
Es muy posible que no haya base alguna para formular una acusación penal contra Begoña Gómez. Corresponde a los tribunales la última palabra al respecto. Pero el líder socialista, su Gobierno y su partido volvieron a utilizar ayer una decisión del juez Peinado para personarse electoralmente como víctimas de un contubernio y hacer pasar las actividades de la esposa del presidente por un dechado de virtudes democráticas a salvo de la más mínima crítica. En un clima polarizado del ‘todo vale’, la citación judicial -que en nada altera la presunción de inocencia de la afectada- puede convertirse, de hecho, en una baza de cara a las urnas para los dos principales contendientes de una cita deliberadamente plebiscitaria. La sentencia de Sánchez de que «todo es mentira» -de que todo seguirá siendo mentira- y obedece a los turbios manejos de una «coalición ultraderechista» cuyos intereses estaría abonando el propio magistrado contraviene el respeto al libre funcionamiento e independencia de la Justicia que se le presupone a quien ocupa una tan alta responsabilidad como la suya incluso ante resoluciones con implicaciones políticas y de índole personal.
La opinión pública merece explicaciones claras sobre las relaciones cuando menos llamativas, insólitas y poco apropiadas de su pareja con empresas que acabaron beneficiándose de decisiones del Gobierno.