LIBERTAD DIGITAL 10/08/14
ENRIQUE UJALDÓN
Una cultura política liberal como la que defendemos es por principio federalista, pues la dispersión del poder, junto con su división y el constitucionalismo, constituye un elemento más de la estrategia de contención y legitimación del Estado. El federalismo refleja y contribuye a forjar una cultura política que busca compatibilizar la libertad y la singularidad con la igualdad y la unión, la autonomía con la armonía y el acuerdo. Por todo ello, el federalismo es incompatible con el nacionalismo, cuyo principio político pasa por referir la propia identidad a elementos irracionales (o sea, no universalizables, como mitos, razas, costumbres, etnias y sentimientos) y, en esta medida, a la diferenciación y la confrontación. Se comprende entonces que para el nacionalismo a cada nación le deba corresponder un Estado y viceversa. Lo relevante y grave es que, al tratarse de una forma mítica y agónica de edificar la propia identidad, el nacionalismo precisa del recurso a estrategias muy coactivas y poco neutrales para constituir e inmunizar la homogeneidad interna, pues el objetivo es eliminar la diversidad en aras de una presunta identidad natural. Ello explica que sea fácil sentirse extranjero y traidor bajo gobiernos nacionalistas si uno disiente de sus principios.
En España, por circunstancias históricas conocidas, pero quizá no lo suficientemente explicitadas y difundidas, los partidos y gobiernos nacionalistas se han nutrido sobremanera de dicho principio y estrategias. El nacionalismo catalán ha hecho un uso eficacísimo de políticas que compatibilizan victimismo, exhibición de la singularidad, demandas insaciables, inmersiones homogeneizadoras, exclusión, etc. Todo ello reflejado en y procurado por una élite política que ha buscado identificarse con el pueblo catalán, creando para ello generosas redes clientelares e inmunizándose de la crítica al presentarla como traición. El caso del expresidente Pujol es paradigmático. El resultado ha sido una terrible fractura social y el desprestigio de las instituciones democráticas.
Afortunadamente, España no es una nación tal y como la entienden los nacionalistas. No es una realidad política y cultural homogénea, aunque a algunos les habría gustado que lo fuese. Sin embargo, ni la historia ni el presente ofrecen dato alguno que avalen un nacionalismo español. La Constitución de 1978 ha sido puesta en cuestión por los amantes de las identidades homogéneas y por los enemigos de la libertad individual. Es odiada por aquellos para los que las naciones prevalecen sobre los individuos que las conforman. Y lo es a pesar de que nuestra Constitución garantiza la viabilidad y el fortalecimiento de las nacionalidades que conviven en el Estado. El marco jurídico concreto para lograrlo fue el de las autonomías, un sistema de facto federal. Con él los españoles respondieron con generosidad y originalidad a un enorme reto en dificilísimas circunstancias. El que los nacionalistas rechacen la Constitución es justamente una prueba de que el federalismo no es una solución para el problema del nacionalismo, pues pertenecen a dos géneros políticos diferentes.
Hoy muchos catalanes cuestionan el marco constitucional. Es un dato ante el que, en cierto modo, poco importan sus causas (años de clientelismo, intereses partidistas, manipulación educativa, etc.). Pero, dando por sentado que la Constitución es perfectible y que tal vez haya llegado la hora de revisarla, ello no puede hacerse ni bajo chantajes nacionalistas ni excluyendo del procedimiento a una parte de la sociedad (los no censados en Cataluña), como pretende el nacionalismo. Toda reforma debe respetar las leyes, pues parece evidente que no estamos en una situación que justifique una revolución constituyente. Los cambios constitucionales que se quieran duraderos y que no sean la expresión de la victoria de unos sobre otros, requieren de un amplio consenso que no parece cercano.
Nuestra posición es que cuál deba ser el marco jurídico adecuado a la realidad española es un asunto que debe debatirse sin miedos y respetando las leyes. Las autonomías han garantizado y promovido el desarrollo de las diferentes nacionalidades, sirviendo a la par de factor de legitimidad del propio Estado. Si ha llegado, o no, el momento de revisar dicho marco no es algo que admita una respuesta objetiva y neutral. Lo que defendemos es que en dicha respuesta deben ser oídas las opiniones de todos los españoles, ciudadanos libres e iguales.
Alfonso Galindo y Enrique Ujaldon, firmantes del manifiesto Libres e Iguales y coautores del libro La cultura política liberal (Tecnos, ).2014