La confrontación entre los dos principales partidos tiende a reducirse a la descalificación mutua. Los populares acusan a Sánchez de degradar el sistema de libertades heredado de la Transición por amparar escándalos. Feijóo procura alentar la esperanza en que el ‘sanchismo’ está condenado a un irremisible ocaso desde el momento en que el presidente del Gobierno ha resuelto apropiarse del PSOE. Mientras, los socialistas desprecian a los conservadores por carecer de alternativas. Sánchez y sus incondicionales parecen confiados en el poder persuasivo de un relato que presenta todas las presuntas irregularidades que salpican al Gobierno y a Ferraz como artilugios reaccionarios generados por «la derecha y la extrema derecha».

La salud democrática del país se resiente cuando los ciudadanos se ven interpelados desde los partidos y las instituciones para que recelen constantemente de las informaciones que reciben. Sobre todo si las reservas alentadas generalizando la denuncia de los «bulos» y el «barro» persiguen cuestionar la separación de poderes y la solvencia de su actuación pública. Y quienes así obran se obstinan en cerrar los ojos ante el descrédito que ello les reporta. Es la situación que atraviesa el PSOE en estos momentos.

Pero la legítima pugna partidaria pierde también entereza si una formación se siente obligada a manifestarse en la calle para denunciar el comportamiento de otra o condicionarlo. Del mismo modo que recurrir sistemáticamente a la acusación judicial debilita los resortes de la propia política. Hoy, los socialistas precisan autoconvencerse de que la concentración de ayer no afectó en nada a la posición de dominio que creen mantener desde La Moncloa. Aunque el PP está también necesitado de demostrar con más convicción y argumentos que la realidad paralela en la que se mueven Sánchez y los suyos resulta perjudicial para el conjunto de España.