La lectura que ha hecho Alberto Núñez Feijóo de las elecciones catalanas tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP este martes resulta extravagante.

Feijóo, contrariamente a lo que señala el inapelable resultado de las urnas, ha declarado que «el procés no ha muerto porque Sánchez lo necesita». También ha augurado que el PSOE va a «ocultar sus pactos» para convertir a Puigdemont en presidente de la Generalitat «hasta después de las europeas», pero que después abogará por un «Gobierno de reconciliación» liderado por el prófugo.

Hay dos opciones: que el PP se crea de verdad este diagnóstico, o que se trate únicamente de un movimiento estratégico.

La primera opción resulta risible. Porque contemplar esta hipótesis no resiste el más elemental análisis del estado de la cuestión en Cataluña. Si Salvador Illa invistiese a Puigdemont, estaría convirtiendo una gran victoria en una monumental derrota.

Permitirle al prófugo cumplir sus ensoñaciones de ser restituido como president sería demoledor para la narrativa de la distensión que Sánchez ha visto precisamente refrendada en la victoria de Illa. Puigdemont está presionando a ERC para que precipite la repetición electoral porque sabe que, en la situación actual, no le quedaría otra que renunciar. Y antes de investirlo, Illa se avendría a ir a unas segundas elecciones, en las que previsiblemente saldría mejor parado que Puigdemont.

Es evidente que la gobernabilidad de Cataluña no es, con la aritmética existente en el Congreso de los Diputados, disociable de la gobernabilidad de España. Pero sostener que, tras su rotunda victoria, Sánchez sacrificaría a Illa para no perder a Junts en el Congreso implica estar fuera de la realidad.

El PSC es hoy el principal activo del PSOE. Ha ganado las dos últimas elecciones catalanas, y le dio a Sánchez la Moncloa el 23-J. Además, se trata de una federación caracterizada por su autonomía, y es absurdo pensar que fueran a someterle desde Ferraz.

Por añadidura, la opción más probable es que ERC termine claudicando una vez haya digerido el resultado del 12-M. Sólo le resta asumir que el tiempo de la política soberanista ha pasado, y que Cataluña ha virado hacia el constitucionalismo, por lo que el vuelco electoral exige un cambio de rumbo análogo en el Govern. Illa es el único en condiciones de intentar una investidura, y la única vía posible de gobierno descartada la sociovergencia o un concierto inverosímil entre PSC, PP, Vox y Comuns.

Cabe esperar que ERC acabe concluyendo que la opción menos lesiva para él es apoyar la investidura del candidato del PSC. Y más cuando, ante la imposibilidad de Oriol Junqueras de presentarse a una repetición electoral, no tendría un candidato con tirón.

La segunda opción es que Feijóo no crea realmente sus palabras, y que se trate de una estrategia electoral con vistas a las cercanas elecciones europeas.

Esta opción es aún peor. Porque se trataría de una táctita cortoplacista, insensible al cambio estructural que se avizora tras el 12-M. Y supondría que el PP estaría perdiendo la oportunidad de ser el gran beneficiario del cambio de rasante que se ha producido en la política catalana. Un vuelco que permite que el eje de la política catalana vuelva a ser el de izquierda versus derecha, y no el de constitucionalistas versus derecha separatistas.

Puede ser razonable que el PP aspire a desmontar la propaganda sanchista de que la amnistía ha conducido a la pacificación de Cataluña. Y es legítimo que quiera mantener ante su electorado el relato de que el PSOE está sometido al independentismo y de que sus compromisos no son creíbles (lo cual ha sido cierto en no pocas ocasiones).

Pero no se puede mantener ese relato cuando la realidad lo desmiente, al menos en parte. Y más cuando ni siquiera existe una interpretación unánime sobre lo acaecido en Cataluña en el seno del partido, con voces locales introduciendo matices contrarios a los de Génova. Es el problema de intentar sostener al mismo tiempo que ha triunfado el constitucionalismo sobre el procés y que el procés no ha muerto porque Illa lo mantendrá.

Se aprecia desorientación y descoordinación en la estrategia del PP. Acaso no ha entendido que la protesta contra la amnistía que lidera sigue teniendo consistencia, justificación moral y respaldo político (no hay que olvidar que el constitucionalismo opuesto a la ley de amnistía ha crecido hasta los 26 escaños en Cataluña). Pero eso no implica que tenga que congraciarse con los escenarios fantasiosos que los sectores más radicales de la derecha quieren dibujar.