Dos focos, dos, se proyectaron ayer sobre la Conferencia de Presidentes autonómicos que presidía Pedro Sánchez en La Palma. Con desigual intensidad. El del representante de la Generalitat, el cansino Pere Aragonès, que de tanto hacer la ‘cobra’ al Rey y a cualquier cumbre que le ponga a la misma altura que las demás comunidades del Estado español, va a terminar por no encontrarse a sí mismo. Pero el foco más intenso se centró en el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sin haber sido todavía aclamado como presidente de los suyos, ha empezado a medirse con el presidente del Gobierno de La Moncloa. Ayer se estrenó pidiendo a Sánchez que rebaje los impuestos con carácter general y que no nos suba todavía más la cuota a los autónomos para reducir el impacto económico de la invasión de Ucrania. Y Sánchez, en su búsqueda de una alternativa energética a la rusa, espera unidad ante un conflicto que puede cronificarse si Putin sigue con su plan de arrasar Ucrania. Urkullu habló de medidas contundentes para abordar la crisis, pero fue Feijóo quien acaparó la mayor atención mediática.

El pacto de su partido con Vox para gobernar en Castilla y León le cuelga ya con el ‘sambenito’ de la «extrema derecha». Ya se sabe que quien gobierna con ‘destroyers’ de la Constitución y se apoya en partidos que tienen en sus filas a condenados/indultados por sedición y en Bildu considera que todo aquel que le hace oposición es «ultra». Es su recurso para dificultar la alternancia. Feijóo sabe que tendrá que repetir varias veces al día que el PP no es como Vox pero que el partido de Abascal y el suyo han firmado un pacto de gobierno porque el PSOE no estuvo por la labor de facilitar la investidura con su abstención. Un pacto escrupulosamente constitucional y estatutario. Son programas, no consignas. A Feijóo no le van a mover de la defensa de la legalidad constitucional y los pactos transversales. A él no le pillará la Justicia anulando cordones sanitarios, por anticonstitucionales, como le ha ocurrido al Parlamento vasco con Vox, donde la mayoría de grupos, a excepción de PP+Cs, quisieron reducir los tiempos de intervención y presencia de la única representante del partido de Abascal. Una «cacicada» en toda regla que ahora el Tribunal vuelve a poner en su sitio.

Además del pacto con Vox, Feijóo quiere restablecer el diálogo con el PSOE, aunque Sánchez ya ha encontrado la excusa para ver inviables los pactos de Estado. Ay, las compañías del PP. El PSOE, la extrema izquierda y los nacionalistas, sin leer el programa del próximo gobierno para Castilla y León, ya dijeron a todo que no. Porque estaban centrados en el cordón sanitario a Vox para toda España. Sánchez se ha mostrado preocupado por el futuro del PP pero en realidad lo que le preocupa es él mismo y su partido, porque empieza a vislumbrar una alternativa de centro derecha con visos de extenderse a otras comunidades autónomas que no están dominadas por los nacionalismos.

La «alerta antifascista» tan aireada desde Podemos y desde el PSOE, ya no funciona en las urnas. Lo hemos visto en las últimas elecciones en Madrid y en Castilla y León. Los que subvierten el orden constitucional son quienes promueven el derecho de autodeterminación o quienes siguen justificando la historia de ETA. Hoy, lunes, los aliados de Sánchez tendrán que decantarse en el Congreso a favor o en contra de enviar más apoyo bélico a Ucrania porque el PP instará al Gobierno a incrementar la ayuda militar. La oposición a Sánchez se la hacen dos ministras de Podemos y Bildu. Hechos.