“Es necesario sacar conclusiones de lo que ha pasado con el rey Juan Carlos y trazar un futuro para la institución que contempla nuestra Constitución como monarquía parlamentaria”, asegura un destacado miembro del Gobierno, de los que conocen los pasos y las decisiones que se toman en la Zarzuela.

Es la tesis de quienes sostienen que Felipe VI debe aprender del pasado, de lo que ocurrió con su padre, para tomar medidas pensando en el futuro. Dicho de otra forma, romper con su padre pensando en su hija, que como princesa de Asturias es la heredera a la jefatura del Estado.

El actual Rey cierra el año con su discurso de Nochebuena, después de un año en el que informó a todos los españoles, con un comunicado, de que retiraba la asignación pública a su padre, porque casi un año antes había tenido conocimiento de sus cuentas opacas en el extranjero; el año que la Fiscalía ha iniciado tres investigaciones sobre el Rey emérito por presuntas comisiones y donaciones a su amante, por supuestas cuentas en el exterior y por el uso de tarjetas opacas cargadas por un empresario mexicano, y el año en que Juan Carlos de Borbón abandonó España para establecerse en Emiratos Árabes. Todo ello, en medio de una pandemia que puede acabar con la vida de casi 80.000 españoles y que ha empobrecido a muchos.

 Felipe VI podría hacer suya la expresión ‘annus horribilis’ que Isabel de Inglaterra utilizó en 1992 y hasta elevarla a la enésima potencia. Aquel discurso de la reina de Inglaterra fue el inicio de una etapa de reformas de esa monarquía.
 Hoy, el actual Rey de España puede hacer lo mismo o puede optar por la vía más conservadora de no hacer referencia al escándalo de su padre o utilizar frases veladas en las que cada uno pueda interpretar si se está refiriendo a ese caso. Por ejemplo, lo de “la Justicia es igual para todos”, reclamar ejemplaridad o asegurar que todos deben contribuir con sus impuestos.

O puede optar por la vía más arriesgada de abrir paso con este discurso a cambios en la institución, para romper definitivamente con la etapa de su padre. Esta vía es la que desean destacados miembros del Gobierno y se puede concretar en proponer cambios legales sobre la condición del Rey emérito contenida en un decreto de 2014; en elevar de rango algunas de las normas de conducta interna propuestas entonces por el actual Rey para los miembros de la familia real, o, en el extremo, impulsar una ley orgánica sobre la monarquía o una reforma constitucional que elimine la inviolabilidad para tramitar al final de la legislatura.

 Todas esas medidas, en distinto grado, incluyen un riesgo, porque suponen abrir la puerta a un debate sobre la monarquía, pero, en todo caso, ese debate ya está en la agenda, porque uno de los dos partidos en el Gobierno de coalición lo impulsa y porque en el Congreso hay ya más de un 20% de diputados abiertamente republicanos. Se trataría de elegir entre el pasado y el futuro. O, por personalizarlo y llevarlo al proceso de sucesión de la Corona, entre su padre y su hija.Además, la tormenta no amaina, porque sigue pendiente la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Parece claro que se archivará la parte de las supuestas comisiones y el regalo a su amante, porque se produjo cuando era inviolable, pero el carpetazo llevará unido un relato de hechos y una lista de reproches que afectarán a la institución.

La de la regularización fiscal dependerá del criterio del fiscal, porque ya se produjo después de abdicar. En el caso más extremo, podría verse en 2021 cómo el anterior jefe de Estado es citado ante el Tribunal Supremo, aunque tendría posibilidad de acogerse a su derecho a declarar por escrito, incluso desde Emiratos Árabes. Y según cómo sean esas decisiones, pueden provocar erosión de otras instituciones como la Fiscalía, la propia Justicia y hasta el Gobierno.

 Felipe VI ya tomó decisiones traumáticas al principio de su reinado, como sacar de la familia real a sus hermanas o aprobar normas internas que van desde la normativa sobre regalos a la composición de la comitiva empresarial de sus viajes oficiales.Sin embargo, parte del Gobierno considera que hay más margen sobre transparencia de las cuentas de los miembros de la familia real o para convertir en hechos concretos medidas que ya están negro sobre blanco, como obligar a los miembros de la familia real a devolver o donar regalos en metálico. Hay que recordar que el emérito regulariza con Hacienda admitiendo esas donaciones en metálico, sin que Felipe VI haya ejecutado ese punto del código interno que obliga a devolver o donar. En el Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, y los ministros del PSOE anteponen en estas semanas el término estabilidad, para volcarse en el apoyo a la Corona, entendido como la ruptura con la etapa de su padre.

Sánchez ha ordenado volcarse en tal apoyo y para eso programó dos actos con el Rey para los últimos días, aunque no pudiera llevarlos a cabo por su cuarentena. Fuentes del Gobierno indican la necesidad de mostrarse en Europa como un país estable, en un momento especialmente delicado. Y cuanta más presión republicana haya de su socio de gobierno, más defensa habrá del actual jefe de Estado. Con actos conjuntos, alabando públicamente el discurso del Rey y frenando en el Congreso iniciativas como las peticiones de comisiones de investigación sobre el Rey emérito. Al tiempo, el discurso oficial no se saldrá del deseo de que la Justicia es igual para todos y que hay que pagar impuestos.

 La otra parte del Gobierno, la de Unidas Podemos, no renuncia a insistir en el debate sobre la monarquía, según ha repetido abiertamente el propio vicepresidente, Pablo Iglesias, en una situación absolutamente insólita en la democracia constitucional. A los de Iglesias no les vale el anuncio de cambios en la monarquía y estarían deseando el impulso de una nueva ley sobre la Corona para insistir en el debate, como insistirán en iniciativas como las peticiones de comisiones de investigación en el Congreso. Para Unidas Podemos, es un asunto clave para diferenciar su posición de la del PSOE.

El PP, obviamente, es pilar básico para sostener la monarquía, junto al PSOE. Su posición diferencial es que, además, utilizará como arma de oposición denunciar la pasividad de Sánchez ante las críticas de Iglesias contra la Corona. Pablo Casado es, además, el más firme defensor de los valores de la Transición y las aportaciones del rey Juan Carlos, al margen de lo que considera actividades privadas del emérito.

 Vox también utiliza ese respaldo firme a la monarquía y, de hecho, Santiago Abascal es el líder que más utiliza desde la tribuna del Congreso las referencias al Rey. Tanto, que algunos han visto el riesgo de convertir la Corona en una institución apoyada por la derecha, por los más mayores y solo por una parte de España.

 Esto último se arrastra desde el 3 de octubre de 2017, cuando Felipe VI hizo un contundente discurso contra el independentismo catalán. Partidos nacionalistas, soberanistas e independentistas mantienen el rechazo al actual jefe de Estado, precisamente, por ese discurso. Y le piden que tenga la misma contundencia de ese día contra las actividades de su padre y también contra los militares retirados que le han pedido intervenir contra el Gobierno.