Tal día como hoy de hace dos años, el 3 de agosto de 2020, la Casa del Rey comunicó que Juan Carlos I salía de España a un país sin concretar y por un plazo indefinido. Hasta el día 17 siguiente no se conoció oficialmente que el padre del Rey se había instalado en Abu Dabi, amparado en la amigable hospitalidad de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos. El destino lo eligió él, así como el momento de comunicarlo. Ambas decisiones y la posibilidad de que, a su criterio, pudiese cambiar de país fueron las tres condiciones que el Rey abdicado obtuvo como contrapartida al acatamiento del criterio de su hijo, que le prescribió su marcha para salvaguardar la Corona, avalado por el presidente del Gobierno. 

El 20 de junio anterior, la fiscal general del Estado, entonces Dolores Delgado, abrió diligencias indagatorias prejudiciales sobre la opaca donación d la familia real de Arabia Saudí que Juan Carlos I no había declarado a la Hacienda española. El dinero, 100 millones de dólares, le fue transferido luego por el monarca a Corinna Larsen, su amiga, desde una ya extinta fundación.

El ministerio fiscal abriría en meses sucesivos hasta dos diligencias de investigación más, todas las cuales fueron archivadas en marzo de este año por ser inimputable el Rey abdicado, bien por la inviolabilidad (hasta 2014), bien por la prescripción, bien por las dos regularizaciones fiscales voluntarias de Juan Carlos I por un importe superior a los cinco millones de euros por los conceptos tributarios de donaciones e impuestos sobre la renta de las personas físicas. El letrado y apoderado del padre del Rey fue y sigue siendo el exfiscal, y ahora letrado en ejercicio, Javier Sánchez Junco.

La primera y fallida visita a España

En estos dos años, Juan Carlos I solo ha regresado a España en el mes de mayo pasado, directamente desde Abu Dabi a Sanxenxo para participar en unas regatas organizadas por su amigo Pedro Campos. Lo hizo en unas condiciones —avión privado, sobrexposición mediática, anuncio no oficial al margen de la Casa del Rey— que causaron un profundo malestar en la Zarzuela, en donde el padre del Rey no se alojó, pero sí visitó a su familia el 23 de mayo, apenas unas horas. 

Suficientes para que Felipe VI mantuviera con su padre una larga conversación en la que el jefe del Estado, ya sin intermediarios, tomase ‘el toro por los cuernos’ y expusiese a su progenitor la conveniencia de no reiterar un regreso tan indiscreto, aplazar ‘sine die’ otro previsto y, sobre todo, atenerse a su propio compromiso plasmado en la carta que le dirigió el 5 de marzo pasado en la que asumía que su presencia en España debía estar rodeada de la mayor privacidad, fijando su residencia en Abu Dabi, de forma “permanente y estable”, y reservándose la posibilidad de visitar aquí a su familia y amigos.

Felipe VI resultó en esa conversación lo suficientemente rotundo y convincente —en ejercicio de su función de jefe de la familia real— como para que su padre aparcase una nueva e inmediata visita, se sumiera en el mayor silencio y dejase de lanzar mensajes a través de personas interpuestas. Desde el 23 de mayo, lo único que se sabe es que Juan Carlos I se ha aquietado a las órdenes del Rey, que no hay previsión de regreso y que cuando se produzca será en condiciones diferentes a las del mes de mayo pasado. Seguiría vetada su pernoctación en la Zarzuela, salvo en el caso de que el Rey abdicado padeciese un serio problema de salud, circunstancia que ahora no concurre, según todas las fuentes consultadas.

Juan Carlos I, pendiente de la demanda de Corinna

Las últimas averiguaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria sobre posibles regalos, dádivas o donaciones al padre del Rey no han dado un resultado tal que requieran de su traslado a la Fiscalía General del Estado para la apertura de nuevas diligencias de indagación. De modo que la inspección ha acabado todas las comprobaciones, constatando, además, que Juan Carlos I no tiene residencia fiscal en España ni bienes inmuebles que justificasen tributación en nuestro país.

No obstante, el padre del Rey se enfrenta a la resolución de una demanda civil por acoso instada por Corinna Larsen, en la que su antes amiga exige una fuerte cantidad compensatoria —se habla de 20 millones de euros— y una orden de alejamiento. Fuentes de la abogacía consultadas por El Confidencial prevén que la sentencia de los jueces británicos se podría conocer “hacia finales de año”.

Reformas en la Corona

Mientras los avatares de Juan Carlos I han absorbido la atención sobre la Casa del Rey, Felipe VI ha tomado medidas para rehabilitar la Corona. La más importante ha sido el impulso para que el Consejo de Ministros aprobase el Real Decreto 547/2022, de 26 de abril, que reestructuraba su Casa incorporando al ordenamiento jurídico normas de conducta económica y financiera de la familia real y el código ético de los empleados de los servicios de la jefatura del Estado. 

Al mismo tiempo, la disposición, siguiendo los deseos del Rey, introduce medidas de transparencia, siendo la más importante el convenio, ya suscrito, entre la Casa del Rey y el Tribunal de Cuentas para la elaboración anual de una auditoría externa de los presupuestos de la entidad que ha alcanzado bajo la jefatura de Jaime Alfonsín el más alto nivel de profesionalización funcionarial (abogados del Estado, interventores del Estado, técnicos economistas y comerciales del Estado, diplomáticos y militares).

Por otra parte, y de manera estrictamente voluntaria y sin sujeción a un calendario pautado en el futuro, el Rey dio a conocer en el mes de abril su patrimonio personal, que ascendía a poco más de dos millones y medio de euros. El jefe del Estado no posee bienes inmuebles ni en España ni en el extranjero. Tampoco depósitos o productos financieros. En marzo de 2019, una vez Felipe VI conoció, en parte, las finanzas opacas de su padre, renunció ante notario, también en nombre de la princesa de Asturias, a cualquier derecho testamentario que pudiera corresponderle de esas cantidades. Todas estas medidas han mejorado la confianza de los ciudadanos en las capacidades del Rey, según prácticamente todas las encuestas publicadas.

La mayoría de edad de la princesa de Asturias

En febrero de 2020 se anunció que la princesa Leonor, heredera de la Corona, comenzaría sus estudios en un colegio de Gales. La hija mayor de los Reyes ha concluido ya su primer curso y cerrará su estancia en el Reino Unido en 2023. Casi en coincidencia con el 31 de octubre, fecha que marca el hito más simbólico y significativo para la monarquía parlamentaria, ya que ese día cumplirá 18 años y con la mayoría de edad debe producirse ante las Cortes Generales y en sesión extraordinaria el juramento a la Constitución y de lealtad al Rey. A partir del curso 2023-2024, Leonor de Borbón y Ortiz pasará por las academias castrenses y la universidad.

Existe preocupación por la eventual coincidencia de la mayoría de edad de la heredera con la disolución de las Cortes y celebración de elecciones generales. No hay acuerdo entre los constitucionalistas sobre cómo debería procederse: si, como mantiene Luis María Cazorla Prieto, se debiera convocar una sesión extraordinaria de las Cámaras, aunque estén formalmente disueltas, pero no aún sustituidas; si, como otros propugnan, con menos rotundidad, bastaría que el acto se consumase ante las diputaciones permanentes del Congreso y el Senado o, en fin, si fuera posible esperar a que ambas Cámaras se constituyeran tras los comicios, que es la opción preferida por el presidente del Gobierno, aunque no se conoce todavía el criterio al respecto de la Casa del Rey. 

El Rey, además, ha impulsado discretamente un cambio en los usos de la familia real. Este año no se ha celebrado la misa del Domingo de Resurrección en la catedral de Mallorca —se ha sustituido el acto por una visita humanitaria a un centro de acogida de refugiados ucranianos—, acentuando la aconfesionalidad de la institución, iniciada con su proclamación el 19 de junio de 2014, que se celebró sin signos religiosos y sin ningún oficio litúrgico posterior.

Mallorca y la reina Letizia

Marivent, a partir de este verano ya de forma oficial, se ha convertido en una residencia institucional de verano de los reyes y sus hijas, pero no de vacaciones. Por primera vez en casi medio siglo, la recepción a las autoridades de la comunidad se celebrará mañana en los jardines del palacete. También por primera vez, el Rey recibió ayer al presidente del Gobierno en la Almudaina —escenario igualmente del compromiso con la Constitución del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz— para así ofrecer un sentido más institucional al último despacho del jefe del Ejecutivo con el del Estado, previo a las vacaciones de ambos, que en el caso de Felipe VI serán, como otros años, absolutamente privadas. Además, los Reyes y sus hijas no se alojan en el edificio principal de Marivent —sí lo hace doña Sofía— sino en un pabellón (Sont Vent) que en su momento estuvo afectado al Ministerio de Defensa.

Por fin, ha resultado especialmente notable la activación de la agenda de la reina Letizia, que en muy pocos meses ha tenido un protagonismo visible en hitos de carácter social y cultural en los que la consorte del Rey ha realizado intervenciones muy personalizadas, a diferencia del rol que jugó su suegra, la reina Sofía. Doña Letizia ha protagonizado también determinados gestos que han sido escrutados y comentados. Así ha ocurrido con la celebración en la catedral de Santiago de Compostela de la ofrenda al patrón de España. La Reina no se santiguó, como sí lo hicieron su marido y sus hijas, de lo que se han deducido conclusiones hiperbólicas. 

En todo caso, el hecho de que los Reyes de España ostenten el título de sus ‘católicas majestades’, otorgado por el papa Alejandro VI y revalidado por León X en 1517, no impone que ni el jefe del Estado ni la Reina consorte ni sus hijas tengan que profesar creencias confesionales determinadas. Este es el criterio que doña Letizia ha transmitido a sus entornos más inmediatos. Y no es incorrecto. 

Finalmente, y en lo que queda de legislatura, no hay previsión de nuevas normativas sobre la monarquía —está descartada la denominada ley de la Corona— y solo resultarían previsibles algunos cambios en la Casa del Rey, siempre que Juan Carlos I deje de constituir un problema para la institución y se resuelva favorablemente la demanda de Larsen contra él en los tribunales británicos.