Felipe VI inicia la operación de transparencia y pacta con el Gobierno la reforma de su Casa

Felipe VI no tiene patrimonio en el extranjero ni es titular de ningún bien inmobiliario. Los regalos de su boda, celebrada el 22 de mayo de 2004, pasaron a Patrimonio Nacional, lo mismo que la parte de las herencias que le han sido transmitidas por particulares. Todos los bienes muebles, la joyas y obras de arte de su propiedad han sido tasados para calcular exactamente el monto en euros de sus bienes. 

El resultado es que el jefe del Estado dispone de un patrimonio personal de 2.573.392 euros, que son los que hace constar en su anual declaración de patrimonio que, junto con la del impuesto sobre la renta de las personas físicas, presenta anualmente y en cuya confección es asistido por la delegación especial en Madrid de la Agencia Tributaria.

La comunicación pública de sus bienes no le venía obligada a Felipe VI por ninguna norma legal o reglamentaria, ya que la ley de altos cargos de 2015 no le incluye en las medidas de transparencia que les impone. La comunicación de su Casa en la tarde de ayer es una decisión voluntaria del jefe del Estado, que trata de ejecutar el compromiso de regeneración y transparencia que expuso en el discurso de su proclamación ante las Cortes Generales en junio de 2014. Esta declaración de bienes del Rey no tendrá frecuencia anual y se producirá en los periodos de tiempo que el jefe del Estado considere oportuno, aunque no se trata de una medida puntual. Por otra parte, tanto la Reina como la madre del Rey, aunque reciben asignación presupuestaria de la Casa, no desempeñan ninguna función constitucional. Por otra parte, la princesa de Asturias y su hermana, la infanta Sofía, no reciben percepción alguna. 

La decisión del Rey ha sido comunicada y pactada con el Gobierno y con el Partido Popular como primera fuerza de la oposición 

La decisión del Rey ha sido comunicada y pactada con el Gobierno y con el Partido Popular como primera fuerza de la oposición y comunicada por la Casa a los demás grupos políticos, menos a aquellos que rechazan el consenso constitucional, algunos de los cuales no acuden a las rondas de consultas para la propuesta del Rey de candidato o candidata a la presidencia del Gobierno. Este criterio se adoptó en el Gabinete anterior por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo y excluyen a BNG, EH Bildu, CUP y ERC de anticiparles cuestiones relativas a la Corona. 

Esta medida del jefe del Estado es coherente con otras anteriores y, en concreto, con el Código de Conducta del Personal de la Casa del Rey, de 4 de diciembre de 2014, y con la normativa sobre regalos, préstamos, herencias y retribuciones de la familia real de 1 de enero de 2015. La Casa del Rey se ha profesionalizado intensamente en estos últimos años y ha firmado convenios con la Administración General del Estado para la asistencia y apoyo técnico en materia comercial, para la realización de informes de auditoria y con el servicio jurídico.

Las disposiciones privadas dictadas por la Casa del Rey están publicadas en su web y podrían incorporarse al real decreto que hoy aprueba el Consejo de Ministros. Esta disposición ha sido pactada por el Ministerio de la Presidencia con los servicios que dependen de Jaime Alfonsín, jefe de la Casa, y sus contenidos son conocidos por el presidente y principales dirigentes del Partido Popular. 

El real decreto que hoy aprueba el Gobierno modifica el 434/1988 que, a su vez, modificaba otro del año anterior. La orientación de aquella regulación, y de la que se apruebe hoy, va en la dirección de regular mecanismos de control presupuestario y financiero del aparato administrativo de la jefatura del Estado, sin someter a la Casa del Rey a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, porque esa sujeción requeriría modificar la ley orgánica que lo regula. Fuentes consultadas por El Confidencial confirman que el real decreto “será importante”, y en coordinación con la decisión del Rey de comunicar públicamente su patrimonio intentan, además de insertar la Casa del Rey en el régimen jurídico-administrativo de los organismos públicos, garantizar criterios de transparencia de obligado cumplimiento. Abordarán aspectos relativos a la transparencia, la dación de cuentas y la “ejemplaridad”, según fuentes próximas a la Moncloa.

Estas decisiones se producen en fechas previas a un cercano regreso temporal de Juan Carlos I 

Aunque fuentes de la Zarzuela y de la Moncloa no hacen ninguna interpretación “coyuntural” de estas medidas, lo cierto es que se producen después de que el pasado 6 de marzo se conociera la carta de Juan Carlos I a Felipe VI comunicándole que permanecerá de “forma estable y permanente” en Abu Dabi, aunque visitará España. Esa carta del Rey emérito fue inmediatamente posterior al archivo por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo de las tres diligencias prejudiciales que indagaron sobre la naturaleza, delictiva o no, perseguible o no, de los comportamientos fiscales y financieros del padre de Felipe VI. 

La Fiscalía llegó a la conclusión de que por la concurrencia de la inviolabilidad antes de 2014 y, posteriormente, de la prescripción de algunos hechos y por la excusa absolutoria de las regularizaciones fiscales voluntarias —dos, por un importe superior a los cinco millones de euros—, el anterior jefe del Estado resultaba inimputable ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Estas decisiones de la Casa del Rey y del Gobierno, pactadas y en coordinación con la dirección del PP, delatan que el Ejecutivo ha renunciado a la denominada ‘Ley de la Corona’, que desarrollaría el Título II de la Constitución. Según un criterio muy general entre los constitucionalistas, se ha entendido que esa ley —de carácter orgánico— no es necesaria y que cualquier modificación de los preceptos del Título II de la Constitución española exige su reforma agravada, lo que políticamente no es posible en las actuales circunstancias y con la correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados. 

Tanto la decisión del Rey como el real decreto de reestructuración de su Casa se producen en fechas previas a un cercano regreso temporal de Juan Carlos I, que habría ya aceptado la invitación para algunos eventos y concertado visitas con amigos y parientes. Fuentes cercanas a la Zarzuela ya advirtieron de que la primera visita del Rey emérito a España se produciría después de Semana Santa y antes de junio, o en los primeros días de ese mes.