DIARIO VASCO, 30/12/11
El ministro del Interior asegura que no habrá una política carcelaria más flexible sino «más inteligente»
El nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lanzó un mensaje claro a los presos de ETA: «No va a haber, por el hecho de pertenecer o haber pertenecido a una organización terrorista, ningún tipo de privilegio (penitenciario)». Por si no quedaba claro, agregó que se va «aplicar estrictamente la ley» y no se va a elaborar una reforma legal ‘ad hoc’ que mejore su situación penitenciaria.
El nuevo responsable de seguridad descartó la adopción de medidas con carácter colectivo para los reclusos de la organización. Su tratamiento, subrayó, será siempre individualizado y siempre que cumplan con todos los requisitos legales. Un planteamiento que supone un jarro de agua fría para la izquierda abertzale y el grupo de presos, que desde el anuncio del final de la violencia del 20 de octubre reclaman una amnistía u otro tipo de salida colectiva. Lo hacen a través de cartas individuales, pero que recogen peticiones idénticas.
Fernández Díaz señaló, en su primera entrevista desde que asumió el cargo, que los miembros de ETA encarcelados que quieran acogerse a los beneficios penitenciarios tendrán que mostrar «arrepentimiento» y abandonar la organización; pedir perdón a las víctimas, solicitud que no figura en ninguno de los textos remitidos a Instituciones Penitenciarias; comprometerse a colaborar con la justicia; y resarcir los daños causados. Unas condiciones que, por ahora, solo han cumplido algunos de la veintena de miembros de ETA recluidos en Nanclares de Oca, y que pese a que han dejado la organización han sido expulsados de ella por la dirección de la misma.
Los presos de ETA no pueden aspirar a una amnistía o indulto general porque la Constitución y el Código Penal lo impiden. «Es una pretensión imposible», recordó hace dos semanas el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro. Las progresiones de grado para obtener permisos de salida de las cárceles requieren que los reclusos modifiquen su estrategia de rechazo a esos mismos beneficios penitenciarios.
En la actualidad, la gran mayoría de los 550 presos de ETA están clasificados en primer grado por sus conductas carcelarias. Apenas hay un puñado en segundo y tercer grado.
Las libertades condicionales se pueden conceder a los presos de ETA que han cumplido tres cuartas partes de su condena, pero no es automatismo judicial y quedan supeditadas al criterio de Instituciones Penitenciarias una vez oídas las opiniones de las juntas de tratamiento de las cárceles y del tribunal juzgador. De hecho, apenas se otorgan.
Los elementos más favorables para los presos son el acercamiento a cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra porque al ser una medida política y no jurídica puede ser revisada por el Ministerio del Interior.
Es la posibilidad más factible, aunque no de inmediato. De hecho, el recién inaugurado Centro Penitenciario Araba, con más de 700 celdas, y la que se abrirá en Pamplona en enero, con medio millar, parecen destinadas a ese fin. La otra vía es acogerse al artículo 100.2 del reglamento penitenciario que posibilita la concesión de terceros grados siempre que se cumplan las condiciones mencionadas.
La izquierda abertzale y el colectivo de presos de ETA se encuentran inmersos en una campaña coordinada para que el acercamiento se ponga en marcha de inmediato y «sin condiciones». La gran mayoría de los reclusos, en torno al 98%, ha enviado las cartas con sus demandas a Interior; un grupo de 400 excarcelados presentó el pasado día 11 en Azpeitia un manifiesto a favor de la aproximación para que los presos participen «en el proceso político abierto» con el final de la violencia.
Regreso de Yuste
Responsable de Prisiones entre 1996 y 2004, Ángel Yuste será hoy nombrado nuevo secretario general de Instituciones Penitenciarias, en sustitución de Mercedes Gallizo, que ha ocupado el cargo en los casi ocho años de gobierno socialista. Nacido en Tragacete (Cuenca) el 17 de abril de 1957, Yuste es licenciado en Derecho y diplomado en Criminología. Jurista del Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, estuvo destinado como funcionario en las prisiones de Barcelona, Teruel, Cuenca, Ocaña y en los Servicios Centrales.
Con la llegada del PP al poder en 1996, Ángel Yuste fue nombrado director general de Asuntos Penitenciarios en el primero gobierno de José María Aznar.
DIARIO VASCO, 30/12/11