IGNACIO CAMACHO, ABC – 20/11/14
· La territorialización de la justicia ha acabado convirtiendo a los presidentes autonómicos en blindados señores feudales.
Si a los fiscales de Cataluña les ha faltado convicción o testosterona jurídica para querellarse contra Artur Mas, no parece muy complicado imaginar a dónde va a ir a parar la denuncia cuando la presente el fiscal general del Estado. Un tercio de los magistrados del Tribunal Superior catalán ha sido nombrado –es la ley– a propuesta del Parlamento autonómico y es difícil que el resto se decida a pisar la abrupta trocha incriminatoria que han preferido evitar los delegados del Ministerio Público. Es el problema de haber centrifugado la estructura de la justicia, un paso decisivo en la conversión de las autoridades territoriales en señores feudales protegidos con aforamiento a su medida.
Con la medrosa munición casuística suministrada por la Fiscalía catalana, a la querella que a trancas y barrancas ha logrado consensuar Torres-Dulce con sus propios subordinados le espera en su jurisdicción natural un previsible cajonazo, en forma de inadmisión o archivo. A los fiscales del TSJC se les transparentan los titubeos y el encogimiento reverencial hasta en la prosa con que interpretan el estado de ánimo –«convicción limitada», dicen– de los magistrados del Constitucional al prohibir, según ellos de boquilla, el referéndum de cartón del 9–N. A esto se le llama en los latines leguleyos una valoración pro domo sua, aunque en realidad acabe siendo más bien pro domo del señorito de la masía. Así es el ambiente intimidado del régimen nacionalista, donde hasta los cuerpos de élite del Estado tienden a achicarse ante el mandarinato de un Mas con motivos sobrados para ponerse arrogante: políticamente tiene materia para sacar rédito victimista y judicialmente se siente blindado.
El fiscal general, en su afán de respetar el procedimiento, ha cometido un error de cálculo al creer que sus colegas de Cataluña iban a resultar igual de exquisitos bajo una atmósfera de asfixiante hegemonía política. Los conceptos de independencia y soberanía son en este caso demasiado polisémicos y tal vez alguno haya podido confundir, sin duda de manera involuntaria, la acepción correcta de los términos.
La Junta de Fiscales de Sala ha aliviado el atolladero en que se había metido Torres-Dulce por su escrupuloso empeño en defender la autonomía de su función, aunque de este enredo sale con plomo en las alas. El Gobierno ha incrementado la desconfianza que le tiene desde hace tiempo y su autoridad jerárquica ha recibido un revés que la deja mellada. Estar solo no es mala cosa en un cargo que exige la libertad determinante de la separación de poderes, y un cinéfilo experto en
western como él sabe que está condenado a ejercer el simbólico papel de Gary Cooper en la estación o de Jimmy Stewart en el pueblo de Liberty Valance. Pero le queda poca munición en su cartuchera y el John Wayne que lo podía sacar del apuro se ha ido a otro bar a tomarse una cerveza.