Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 27/6/12
La querella de la Fiscalía Anticorrupción contra cinco directivos de Novacaixagalicia (Gayoso, Pego, García de Paredes, Rodríguez Estrada y Gorriarán) tiene una trascendencia que supera muy de largo la cuestión que se plantea a los jueces de la Audiencia Nacional, quienes deberán decidir si esas personas han cometido o no los delitos de administración desleal y apropiación indebida que se les acaban de imputar.
Según la Fiscalía, el hecho de que los citados directivos hubieran cobrado fuertes indemnizaciones por prejubilación, sin autorización ni del consejo de administración de la entidad ni del Banco de España, podría ser constitutivo de delito, lo que pone de relieve que el acto delictivo no residiría en el abandono de la entidad con un montón de pasta en el bolsillo sino en la forma presuntamente irregular en que los querellados actuaron para hacer posible tales cobros.
No es extraño, pues si el delito consistiera en cobrar indemnizaciones millonarias, los directivos de cajas españolas que deberían ser acusados por la Fiscalía serían muchos más: todos los que se han ido con las alforjas llenas tras dejar sus cajas hechas unos zorros.
La cosa es, sin embargo, que la mayoría de esos ejecutivos han cobrado grandes cantidades de dinero como consecuencia de los contratos blindados aprobados por los órganos reguladores de las cajas. Y las cosa es que en esos órganos reguladores estaban presentes instituciones y entidades que se han hecho, por tanto, corresponsables directas de unos pagos sencillamente escandalosos.
En el caso concreto de Galicia, por ejemplo, la norma reguladora de las cajas (un decreto legislativo del 2005, que refunde las leyes en la materia de 1985 y 1996) prevé que en la asamblea general -«órgano supremo de gobierno y decisión de las cajas»- estén presentes la comunidad autónoma, a través del Parlamento de Galicia, con el 20 %; las corporaciones locales, con el 20 %; las entidades representativas de intereses colectivos, con el 10 % (repartido a su vez, a partes iguales, entre organizaciones empresariales, sindicatos, Consejo Económico y Social y entidades de carácter benéfico); los representantes de empleados de las cajas, con el 10 %; las entidades fundadoras, con hasta el 10 %; y los impositores, con el 30 %.
¿Qué quiere decir esto? Es sencillo: que del inmenso fiasco de las cajas de ahorros es corresponsable, en mayor o menor grado, mucha gente, aunque solo unos pocos hayan tenido la desvergüenza de mal administrar y encima echar a correr con el botín. Pero ver ahora a los que han estado durante años apretando el botón del sí señor en los órganos directivos de las cajas darse golpes de pecho, exigiendo responsabilidades por lo que otros han hecho con su colaboración, es de un cinismo inaguantable.
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 27/6/12