FILISTEOS

LA diferencia entre el juicio de los ERE y el de la Gürtel, o entre la retractación declaratoria del repartidor socialista de ayudas irregulares y las ruidosas –y por el momento improbadas– revelaciones sumariales de Granados, no sólo reside en su distinto eco mediático. Este doble rasero es ya una costumbre de la opinión pública española, reforzada por la catastrófica decisión del Gobierno de permitir un duopolio televisivo de facto. Pero el mayor contraste entre ambos procesos –el andaluz y el madrileño, el que afecta al PSOE y el que implica al PP– está, por una parte, en la forma en que cada partido los ha abordado, y por otra en la distancia que media entre un método de corrupción privatizadora, apropiativa, y otro sistémico o de reparto.

Ambos factores se hallan en buena medida interconectados. Al tratarse de un método clientelar, de compra masiva de voluntades mediante la distribución de subvenciones trucadas, los socialistas contemplan el fraude de los ERE con un sentido de culpabilidad bastante laxo. Nunca han dejado de relativizar el delito, desde la teoría de los «cuatro golfos» a la de causa inquisitorial, ni de defender a sus expresidentes alegando que en el peor de los supuestos no se llevaron –lo cual es cierto– un euro para sí mismos. Prácticamente han reducido el asunto a una cuestión de procedimiento administrativo. Pero, además, y aunque les costó apartar de sus cargos a Griñán y Chaves, han blindado la responsabilidad colectiva de la Junta y del partido. El silencio del director general Guerrero –el artífice material de las adjudicaciones– ante el fiscal preludia un relato judicial de autoprotección, de encubrimiento, una estrategia de defensa que difícilmente reconocerá los hechos y en todo caso los atribuirá a una mala gestión, a un error político. El PSOE ha construido un cortafuegos argumental, además de un denso laberinto jurídico, para que ninguna eventual condena produzca una catarsis de remordimiento colectivo.