Han pasado ya 10 años desde que ETA anunciara “el cese definitivo de su acción armada”. Fue una tarde memorable. Estábamos en Vitoria e íbamos a iniciar un debate electoral con Alfonso Alonso (PP) y Emilio Olabarría (PNV). Decidimos suspenderlo y tomarnos unas cervezas con los asistentes. Siempre creímos que un día así nunca llegaría. Unos años más tarde, en mayo de 2018, anunciaron la disolución de la banda. Se cumplían 50 años de su primer atentado mortal, el guardia civil José Pardines, asesinado por Txabi Etxebarrieta en Aduna (Tolosa), verdadero comienzo de la historia criminal de ETA.

Al comienzo de esta tragedia, muchos creyeron que había razones para su lucha. Fue el primero de muchos errores. Nunca lucharon por la democracia española. Es más, luego la combatieron a sangre y fuego. Pero, aunque la democracia hubiese sido su razón política, nunca hubo razones para matar. Nunca, ninguna. De aquellos polvos vinieron luego grandes lodos. Su origen fue un fanatismo nacionalista, construido sobre una patria mitológica y una identidad etnicista excluyente. Situarlos en el marxismo-leninismo fue también equivocado. Creer que su lucha era revolucionaria engañó a demasiados, demasiado tiempo.

Su error, su inmenso error, fue despreciar la enorme generosidad de la amnistía, que no dejó ni uno solo de sus presos en la cárcel y las enormes avenidas de libertad y de autogobierno que configuraron la Constitución y el Estatuto de Gernika a finales de los años setenta. Desprecio agresivo y brutal porque su estadística asesina es elocuente: 74 asesinatos entre 1968 y 1977 y casi 800 entre 1978 y 2011, con particular incidencia en los años 1978 a 1984 con 390 asesinatos.

Nunca se les ha llamado así pero ETA fue, objetivamente, una organización golpista durante los años de construcción democrática de España. Sus intencionados ataques a mandos militares y a políticos y guardias civiles, día sí, día también, buscaban objetivamente provocar a los aparatos fácticos del Estado, en una espiral “acción-represión” en la que, desgraciadamente, también cayó una democracia débil, asediada y demasiado aislada en el País Vasco de entonces.

El gran salto de paz lo dimos con el Pacto de Ajuria Enea. Otorgar al nacionalismo vasco el liderazgo en la deslegitimación social de la violencia (Ardanza: “No compartimos con ellos ni métodos ni fines”), e introducir en el país una nueva línea divisoria entre demócratas y violentos que sustituyó a la nefasta separación entre nacionalistas y no nacionalistas, fue definitivo en la superación del magma social que promovía o amparaba la violencia. Aquel Gobierno de coalición, PNV-PSE (PSOE), construido en gran parte sobre la generosidad socialista, inició otra etapa que resultó clave en la derrota final del terrorismo.

Durante muchos años la democracia permitió la coexistencia del brazo político de la banda, creyendo y esperando que la violencia desaguara a la política. La disolución de ETA Político-militar a comienzos de los años 80 y la creación de Euskadiko Ezquerra (gracias a Mario Onaindía, Juan María Bandrés y Juan José Rosón) animaron esta convicción. Hasta que descubrimos que esa confianza era ingenua. En 2002, fruto del Pacto antiterrorista, decidimos ilegalizar su partido y su entorno social. Rectificar fue un acierto. La experiencia nos había demostrado que aprovechaban los espacios legales para retroalimentar y reforzar socialmente su violencia. De hecho, la ilegalización y la persecución judicial de su entorno ayudó a que emergiera en Batasuna una fuerte corriente política interna que reclamaba el fin de la violencia, antes de que esta arruinara su causa. Ellos ayudaron también a buscar el final.

Han pasado muchos años y mucho sufrimiento, pero el final ha sido extraordinario. Mirando atrás, con la perspectiva de estos 10 años que han hecho irreversible la paz, nadie puede dudar de que la democracia española también superó este difícil reto. No hubo concesiones políticas. Sus presos cumplen sus penas y las víctimas ocupan la centralidad del relato. Ningún país de los que han sufrido fenómenos semejantes ha logrado un final tan limpio, tan rotundo, sin perjuicio ninguno a la justicia y al Estado de derecho. Que su entorno político participe de la democracia y de sus instituciones es la mejor manifestación de nuestra superioridad moral. “O votos o bombas”, decía Alfredo Pérez Rubalcaba, con esa inteligente sencillez con que resumía ideas complejas. Su renuncia a la violencia les otorgaba el derecho a la representación política que obtuvieran con sus votos. Por eso, resulta lamentable que algunos se empeñen en conceder a la violencia un triunfo que nunca obtuvo y devaluar, o peor, cuestionar así, la victoria de la democracia sobre el terror.

Otro de los grandes mitos de esta tragedia es la que atribuye a la sociedad vasca la victoria sobre ETA. Realmente tenemos que reconocer que la reacción social a la violencia fue tardía y débil. Muchos vivimos la soledad de las víctimas y la frialdad política y eclesiástica del país durante muchos años como para poder decirlo. La reacción social contra ETA comenzó realmente en julio de 1997 cuando secuestraron y mataron a Miguel Ángel Blanco y se organizó en defensa de las víctimas con la creación del ¡Basta Ya! a principios del nuevo siglo. Fue importante en la fase final de la violencia, pero a ETA la venció la policía, desarticulando sus comandos y sus cúpulas, y convenciéndoles así de la imposibilidad de su triunfo y por tanto de la inutilidad de su lucha. En ese contexto, la aparición del terrorismo yihadista, el fin de la violencia en Irlanda, la presión interna de sus cuadros políticos y una escenificación internacional hábilmente gestionada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y Rubalcaba, hicieron el resto.

Hoy el País Vasco vive relajado y feliz. Tal y como pensábamos muchos, la pulsión radical se ha atenuado. El nacionalismo es mayoritario, pero su mayoría está limitada por la moderación y condicionada a su pragmatismo. Los sentimientos identitarios siguen siendo muy fuertes, pero la pretensión independentista se ha reducido al 20% de la población, algo menos de la mitad de lo que las encuestas mostraban hace 10 años.

Cabe preguntarse para qué tanta tragedia. En No digas nada, una buena fotografía literaria del terrorismo irlandés, Patrick Radden narra el momento en el que los dirigentes del IRA dan cuenta a sus militares de los Acuerdos de Viernes Santo. Dolours Price, una de las históricas militantes, pregunta finalmente: “¿Se nos está diciendo que, visto lo visto, nunca deberíamos haber emprendido la lucha armada?”. Los paralelismos son evidentes.

Al final de Patria, una excelente novela de Fernando Aramburu y una buena serie de televisión, las dos mujeres protagonistas de la historia, la viuda del asesinado y la madre del etarra, amigas antes y enemigas después, se cruzan en la plaza del pueblo, a la salida de misa, y se dan un abrazo. Es un abrazo ligero, tenue, casi obligado por el encuentro fortuito. Parece un abrazo de reconciliación, de perdón, pero no llega a tanto. Sin embargo, expresa bien dos sentimientos que inundan la sociedad vasca a los 10 años del final del terrorismo. De una parte, cierta generosidad que impregna el corazón de la mayoría, deseosos de construir una sociedad que supere las heridas abiertas por esta tragedia de cuarenta años. De otra, el olvido, la huida del pasado, una especie de fuga hacia el futuro que aleje de nuestros recuerdos tanta desgracia y tanta culpa. Nadie quiere responder esta pregunta tan incómoda que —desgraciadamente— nuestros hijos no nos hacen: ¿cómo fuisteis capaces?