Juan José Laborda-Vozpópuli
Las elecciones de abril ofrecen a la sociedad en su conjunto la posibilidad de exigir soluciones compartidas a los partidos constitucionales
Nuestro sistema político, y la sociedad que vive dentro de él, parecen tener bastante buena salud, y resisten pruebas de rendimiento como las que España está experimentando en este tiempo. En estos últimos días se ha bordeado una seria crisis nacional con la fallida propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aceptar un “relator” para seguir negociando los presupuestos del Estado con los independentistas catalanes, y que se encadenó con la reacción en las calles del PP, Ciudadanos y Vox convocando una manifestación cuyo propósito último era poner fin al Gobierno.
Hacia la mitad de la semana pasada, unos negros nubarrones políticos hacían presagiar una gran crisis institucional. Con una menor entidad constitucional de partida, por ejemplo, el Gobierno francés de Macron se vio envuelto en una crisis política que evolucionó en las calles de Francia como un desafío a la legitimidad del presidente de la República. En España, según se fueron conociendo a lo largo de semana los términos de la posible negociación entre el Gobierno con los independentistas, el ambiente político fue haciéndose más y más explosivo.
Al presidente Sánchez le estalló un conflicto interno, y con la opinión pública, porque actuó al margen de las instituciones de control. Parece claro que no podía aceptar los otros “veinte puntos” de Quim Torra, y quedaba por ver cómo se concretaría la chapuza del “relator”, pero cuando se supo de su existencia por las declaraciones reveladoras del dirigente socialista catalán, Miquel Iceta, y por las filtraciones malévolas del propio presidente de la Generalitat, las justificaciones increíbles de la vicepresidenta Carmen Calvo dejaron a Pedro Sánchez a la intemperie de quien carece del mínimo resguardo institucional. El conflicto le podía estallar porque la negociación de los presupuestos del Estado se mezclaba con los fundamentos del sistema político, y nadie sabía nada de eso, excepto cuatro personas a título meramente personal.
El error de Sánchez fue mezclar la negociación de los presupuestos del Estado con otra que operaba al margen de las instituciones de control
Entonces Sánchez se encontró solo en su partido. Varios presidentes socialistas autonómicos hicieron declaraciones a los medios de comunicación en las que rechazaban la idea de un “relator”, y cuando se descubrieron los puntos de la negociación de Torra –incluido el punto de “hablar” también del “derecho a la autodeterminación”-, las palabras de Alfonso Guerra y de Felipe González, llamando a respetar la Constitución, precipitaron un debate interno que se hacía fuera de los pocos cauces que el PSOE aún conservaba. Ni el Comité Federal, ni el órgano territorial socialista, fueron convocados. En cuanto al Consejo de Ministros, tampoco conocía los puntos del “relator” y los propuestos por Torra, pero parece que en el Consejo celebrado el viernes de la pasada semana, algunos ministros fueron críticos porque no conocían nada de lo que se estaba negociando.
A pesar de que el PSOE careció de órganos para controlar a su secretario general, lo que sucedió durante esos días indica que, con todo, el alma democrática y crítica del socialismo español sigue viva, y activa. Además, desmintiendo radicalmente la teoría de los nacionalistas de que el Estado español está vacío de sustancia nacional, las reacciones de la opinión pública prueban lo contrario, pues desbarataron por completo cualquier propuesta de diálogo que se hiciera fuera de los cauces legales y de la Constitución. Ante este conjunto de reacciones nacionales y partidarias, el presidente Sánchez corrigió el rumbo político, y lo hizo mejor que todos los restantes dirigentes de los demás partidos políticos.
En efecto, PP, Ciudadanos y Vox convocaron una manifestación, en lugar de acudir al Congreso de los Diputados -donde dominan la Mesa de la Cámara-, y lo hicieron elevando el tono de las críticas, hasta llegar a infundadas acusaciones y gravísimos insultos contra el presidente Sánchez; si de verdad pensaban que Sánchez era un traidor, lo lógico y sensato hubiera sido poner en marcha el artículo 102 de la Constitución que establece la “responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno (…) Si la acusación fuere por traición (…) podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso”(…).
La reacción interna en el PSOE y la de la opinión pública desbarataron cualquier propuesta de diálogo con el independentismo planteada al margen de los cauces legales
Prefirieron manifestarse, ignorando las inmensas posibilidades del debate en el Congreso, y no fueron capaces de movilizar a la gente tanto como ellos pensaban; y, en todo caso, la afluencia se tenía que dividir entre tres. Se convocó la manifestación con el argumento de que Sánchez había pactado con los independentistas, y que por eso había que forzar desde la calle la convocatoria de elecciones. A los pocos días, los hechos desmentían esos tremendos vaticinios. Los independentistas votaban en contra de los presupuestos y Sánchez anunciaba que las Cortes serían disueltas, y en abril se votaría a diputados y senadores.
Tiene sentido esperar que los políticos acaben por adaptarse a los niveles de racionalidad y tolerancia de nuestro sistema político, y de la mayoría de la sociedad. Hoy parece que todo seguirá igual, pero es probable que las elecciones en abril ofrezcan resultados novedosos. La rigidez actual puede cambiar si la sociedad presiona a los partidos constitucionales para que encuentren soluciones compartidas.