Puede ser que algunos no lo consideren así, pero yo entiendo que cuando el Estado se hace cargo de las indemnizaciones por responsabilidad civil a las víctimas del terrorismo, tal como estipula la ley, actúa por cuenta de los terroristas individualmente considerados, a la vez que vinculados con su organización, otorgándoles un crédito que, en su momento, deberán amortizar. Y cuando el Estado renuncia a reclamar a esos mismos terroristas, una vez excarcelados, tal amortización, entonces ese mecanismo legal pierde una parte de su esencia, pues no sólo se estableció para no prolongar el plazo en el que las víctimas eran resarcidas, sino también para garantizar que los terroristas no escaparan a la acción punitiva del Estado en lo que concierne a sus obligaciones económicas con respecto a aquellas.

Todo esto puede parecer enrevesado, pues el Estado paga a las víctimas aunque el obligado al pago es el terrorista condenado, quien en cuanto disponga de una renta suficiente —superior al salario mínimo— debe transferir una parte de ella, en cómodos plazos, al Ministerio del Interior hasta cubrir la deuda correspondiente. Y como es enrevesado, algunos creen que con que se cumpla la primera parte de este proceso administrativo —o sea que las víctimas cobren sus indemnizaciones— es suficiente y no merece la pena ocuparse de lo otro, pues conlleva engorrosos trámites administrativos. Lo malo es que ahora comprobamos que los protagonistas de esa creencia son los funcionarios del Ministerio del Interior, en concreto los de la Dirección General de Atención a las Víctimas del Terrorismo. Tan es así que, en un escrito reciente, esa Dirección General le ha comunicado a la Audiencia Nacional que, «una vez revisada la base de datos de esta unidad, no consta ningún procedimiento de recaudación abierto en vía administrativa respecto a las sentencias dictadas contra los condenados en los expedientes». Añado, para que el lector no se pierda, que los referidos expedientes aluden a la responsabilidad civil de un conjunto de condenados por delitos de terrorismo; en concreto, los 44 que se presentaron en las listas de Bildu en las últimas elecciones municipales.

O sea que, como el Ministerio del Interior no ha reclamado el dinero de las indemnizaciones, en la práctica ha otorgado una subvención implícita a los terroristas implicados; y como éstos lo son de ETA, en última instancia ha financiado a esta organización armada. El ejercicio presupuestario al que habría que atribuir esta financiación sería, obviamente, siguiendo el principio contable del devengo, el de la fecha de los hechos delictivos que dieron lugar a la indemnización a las víctimas. Por tanto, no cabe aducir que, como ETA ya no existe, pues aquí paz y después gloria. Si mi razonamiento es acertado, habría que atribuir un delito de financiación del terrorismo a los funcionarios que no han cumplido con su obligación de reclamar el importe de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

Preguntémonos ahora si a alguien le ha chocado el acontecimiento que acabo de relatar. La crónica periodística de Fernando Lázaro en El Mundo deja claro que «no fue una sorpresa para las víctimas comprobar que de esos 44 iniciales candidatos, había una decena que no había afrontado el pago de las responsabilidades«. Y no lo fue porque, en la larga trayectoria de la lucha contra el terrorismo etarra, lo que siempre ha fallado ha sido precisamente la represión de su financiación. Ya lo señaló hace mucho tiempo el ertzaina y profesor de la universidad de Deusto Doroteo Santos Diego cuando destacó que, en estos asuntos financieros, ETA actuó «con gran impunidad». Hasta el punto de que, como relaté en mi libro La financiación del terrorismo (Editorial Almuzara), el Estado no reguló el delito correspondiente hasta que ETA declaró el final de sus hostilidades. Así que, con lo de ahora, se suma un episodio más —el último, de momento— a esa incuria con la que los gobiernos españoles —todos los gobiernos, fuera cual fuera su color político, lamentablemente— han tratado estos asuntos. Es como si pensaran que las organizaciones terroristas pudieran operar sin dinero; o al menos que estas cuestiones financieras tienen poco relieve. Olvidan así la advertencia que Cicerón plasmó en la quinta de sus Filípicas: nervus belli, pecunia, «el dinero es el nervio de la guerra»; y el terrorismo es una de las formas en las que la guerra se configura.