Los ejecutivos de Pedro Sánchez y de Salvador Illa defienden la bilateralidad en función de la especificidad del autogobierno catalán. Pero la reforma emprendida a impulsos de la ‘normalización’ de Cataluña debe contar con la modificación del sistema de financiación de las autonomías de régimen común y del régimen de cesión de tributos en favor de las comunidades. Y ese cambio no hace aconsejable pretender la generalización de un nuevo modelo a partir de que sean saciadas aspiraciones partidistas no ya del PSC, sino de Esquerra y de Junts. Cuestión que, paradójicamente, volverá a poner a prueba la precariedad de Sánchez en el Congreso frente a unos posconvergentes que amenazan con tumbarlo por su lejanía con el Concierto vasco. Lo que resulta inexplicable es que los socialistas catalanes asuman principios que ERC insistió ayer en declarar innegociables.

No es casual que la comisión Generalitat-Estado se limitara ayer a consignar la ordinalidad -que ninguna región pierda renta per cápita por los mecanismos de equilibrio del sistema- como una demanda catalana para el ejercicio de la solidaridad. Son dos principios que entrarían en contradicción con solo enunciarse juntos en una norma orgánica. Basta con extender la ordinalidad al desempeño tributario de las autonomías para verla como una regla opuesta al progreso solidario desde el punto de vista del contribuyente. El acuerdo apunta que Cataluña recaudaría todos los impuestos con una Hacienda propia. Pero poner la primera piedra de un cambio tan sensible sin cifras ni calendario concreto parece otro intento de ganar tiempo. Y más cuando la agencia tributaria catalana no está preparada para asumir la campaña de la renta de 2026 como esperaba.