Recientemente, el presidente de Acción y Comunicación en Oriente Medio, Ángel Mas, ha acusado a varias administraciones españolas, incluido el Ministerio de Exteriores, de financiar a ONGs que actúan como tapadera del Frente Popular para la Liberación de Palestina; por cierto, lo mismo que hizo la mencionada Juana Ruiz. Y hace unos pocos años se descubrió que 150 yihadistas integrados en células islamistas dentro de Europa –cinco de ellos en el País Vasco– estaban siendo sostenidos por los programas de asistencia social de varios países. Aunque lo más llamativo en este terreno es la financiación que recibió ETA a través de varias entidades del MLNV –todas ellas ilegalizadas e intervenidas judicialmente a posteriori– de las administraciones vascas, además de la del Estado y de la Unión Europea, que superaron los 128 millones de euros –equivalentes al 44 por ciento de los dineros que manejó la organización terrorista en la época correspondiente–.

Lamentablemente, las administraciones públicas son también financiadoras del terrorismo, aunque puede ser que en algunos casos sus gestores no sean conscientes de ello. Por tal motivo, debieran ser incluidas en el catálogo de entidades obligadas a la aplicación de las reglas de la diligencia debida que establece la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y de la misma manera, las autoridades en esta materia debieran ampliar sus listas de personas y organizaciones sospechosas –y por ello sujetas a vigilancia– para evitar este tipo de problemas. Mientras no se actúe en esto, se dará la paradoja de que las mismas sociedades que son atacadas por grupos terroristas estén contribuyendo a poner en manos de éstos los recursos con los que financian sus acciones violentas.