Los jefes de Estado y de Gobierno, así como los ministros de Asuntos Exteriores de los Veinticinco países europeos, firmaron hoy en Roma el Tratado que establece la primera Constitución de la Unión Europea de la historia, 47 años después del nacimiento de la Comunidad Económica Europea.
Para lograr el texto, fueron necesarios más de dos años de debates sobre qué quieren hacer juntos los actuales 25 países que integran la Unión, el mayor proyecto político y económico del mundo. La recta final estuvo marcada por la lucha por el poder, en intentos desesperados para que la representación de cada país en las instituciones comunitarias refleje que este invento es una extraña combinación entre Estados y pueblos.
En la ceremonia participaron también los países candidatos Turquía, Bulgaria y Rumania, cuyos líderes firmaron el Acta final, mientras que representantes de Croacia entregaron una declaración a la presidencia de la UE. La firma se produjo en el Campidoglio, en la Sala Degli Orazi e Curiazi, el mismo lugar donde fue rubricado en 1957 el Tratado que estableció la Comunidad Europea por parte de los seis fundadores: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.
DESAFIO DE RATIFICACION
La Constitución europea, que se cerró definitivamente el pasado 18 de junio, deberá después ser ratificada por cada uno de los Estados miembros, un procedimiento que debería durar unos dos años. Este será el mayor desafío, puesto que la entrada en vigor de la Carta Magna está subordinada a la ratificación por los Veinticinco de acuerdo con sus reglas constitucionales, es decir, bien por vía parlamentaria o por referéndum.
En este último caso, la escandalosa abstención del 54,8 por ciento registrada en las pasadas elecciones europeas del mes de junio, la mayor en la historia del europeismo, hacen vislumbrar problemas importantes. Y es que, a pesar de los intentos de parte de la Convención, el texto no prevé soluciones jurídicas para el caso en el que alguno de los Estados miembros no aprueben su ratificación.
En una fórmula ambigua, establece que, si tras un plazo de dos años a contar desde la firma del Tratado, los cuatro quintos de los Estados miembros han ratificado este tratado pero uno o varios países tienen dificultades, «el Consejo Europeo se ocupará de la cuestión».
Así las cosas, con tan sólo este compromiso político es imposible anticipar el tamaño y las consecuencias concretas del fracaso del proceso de ratificación.
El nuevo texto, que sustituirá a la mayoría de los tratados existentes, comprende cuatro partes. La primera describe la Unión Europea, sus valores, objetivos, competencias, procesos decisionales e instituciones. La segunda contiene el capítulo relativo a los derechos fundamentales y la tercera parte describe la política y la acción de la Unión Europea. La cuarta, y última, encierra las disposiciones finales, entre ellas los procedimientos de ratificación y de revisión, llegado el caso, de la propia Constitución.
DOBLE VELOCIDAD
Entre sus características destaca que abre la vía a diferentes velocidades de integración, la salida voluntaria de uno de sus socios y otorga poder de decisión a los parlamentos nacionales en las decisiones comunitarias.
Como elemento fundamental, la inclusión con carácter vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales refuerza la protección de los ciudadanos de una forma desconocida ahora, hasta el punto de que Reino Unido temía que por esta vía pudieran reconocerse derechos sociales inexistentes según su ordenamiento jurídico. Los ciudadanos podrán invocar así, con la Constitución europea en la mano, sus derechos.
A nivel político, la Unión dice estar abierta a «todos» los Estados europeos que respeten sus valores (dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto a los Derechos Humanos) y se comprometan a promoverlos en común. Pero también queda la posibilidad de que un Estado miembro vea suspendidas sus prerrogativas si viola dichos valores o incluso retirarse del club si así lo decide voluntariamente.
SIMPLIFICAR
Dado que los vetos a Quince han supuesto siempre el principal escollo para avanzar en la integración, la Convención pujó por pasar a mayoría cualificada la mayoría de los temas. Finalmente, la unanimidad se mantiene en la fiscalidad por el empeño británico, política exterior y asuntos sociales, pero no será necesaria en temas como justicia e interior, medioambiente, mercado interior, transportes y política de cohesión.
No obstante, los Veinticinco han incluido ‘pasarelas’ que permiten eliminar la unanimidad sin una nueva modificación del Tratado con el voto a favor de todo el Consejo Europeo. Asimismo, se facilita la «cooperación reforzada» entre los países capaces y deseosos de ir más allá de la integración prevista en los Tratados.
Asimismo, por primera vez, los Parlamentos nacionales o las cámaras en los sistemas bicamerales controlarán que se respeta el «principio de subsidiariedad», de acuerdo con el cual las decisiones deben ser tomadas básicamente al nivel más bajo que esté en condiciones de hacerlo.
La iniciativa popular se refuerza también puesto que se contempla que si se juntan al menos un millón de firmas, es decir, sólo el 0,2 de la población de la Unión ampliada, los ciudadanos pueden reclamar a la Comisión una propuesta legislativa determinada.
En el terreno institucional, destaca que el Consejo Europeo será presidido por una sola persona nombrada por un periodo de 2,5 años y la creación de la figura del Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión.
EUROPA PRESS, 29/10/2004