- La teniente fiscal del Supremo y mano derecha del imputado García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde, se ha mostrado a favor de que se estimen los recursos de los separatistas, porque concluir que actuaron para obtener un beneficio personal patrimonial «es cuanto menos sorprendente»
Para qué quieren Begoña Gómez y Puigdemont letrados si con la Fiscalía de Álvaro García Ortiz y la Abogacía del Estado tienen el mejor de los bufetes. Parece fácil de escribir, pero duele hacerlo: el Ministerio Público español, que debe velar por la legalidad, y la Abogacía que pagamos todos, que ha de defender los intereses de España, le pidieron recientemente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que estimara el recurso del forajido para que se le amnistíe la malversación. Dos instituciones capitales del Estado de derecho, cuyo ánimo debería ser el de proteger nuestros intereses, se dedican a abdicar de su sagrada misión bajo las órdenes políticas de un desaprensivo, dedicado, por un lado, a proteger sus votos en el Congreso y, por otro, los intereses de su mujer. De hecho, en estas últimas horas, el juez que investiga a la catedrática Gómez por presunto delito de tráfico de influencias insiste en indagar su relación con el rescate de Air Europa ante lo que el Ministerio Público presenta un recurso mucho más extenso y más enfático que el que ha redactado el exministro socialista Antonio Camacho, a la sazón abogado de la imputada. Es decir, el fiscal defiende más a Begoña (y al forajido) que a los españoles, a los que se debe.
Sin ir más lejos, Fiscalía y Abogacía del Estado coincidieron punto por punto y coma por coma con la posición de Gonzalo Boye, el letrado de Puigdemont —cuyo currículum de condenado por terrorismo e investigado por blanqueo de dinero del narcotráfico sería el peor de los detritus de cualquier sociedad medianamente articulada. Un Estado que tiene secuestradas a estas dos instituciones nucleares por las necesidades del ombligo de un presidente, es un Estado con sus capacidades democráticas mermadas y con una enfermedad moral de difícil curación. Pero ahí es donde estamos: la teniente fiscal del Supremo y mano derecha del imputado García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde, se ha mostrado a favor de que se estimen los recursos de los separatistas, porque concluir que actuaron para obtener un beneficio personal patrimonial «es cuanto menos sorprendente».
Lo que es verdaderamente sorprendente es que juristas de carrera no entiendan que emplear el erario en pagar la defensa de la consorte del presidente o una aventura separatista contra el corazón de una nación es una malversación de libro, toda vez que evita que ese pastizal lo paguen los presuntos delincuentes de su bolsillo. En el caso de Puchi y los suyos, malversaron un dinero público que ahora se les va a condonar para embajadas, pantomimas separatistas, propaganda golpista y, si no hubieran tenido a su alcance el presupuesto público, probablemente no hubieran dado ese paso. Es decir, fue un golpe institucional porque los que lo dieron dominaban las instituciones y, por consiguiente, tenían a su disposición el dinero de nuestros impuestos.
En teoría, la Abogacía del Estado debería defender a la Administración General. Así fue en casos como Rumasa o la colza. Hasta que llegó Sánchez y la colonización de la institución generó, con la sentencia del procés, la salida de Edmundo Bal por defender que no desapareciera la palabra violencia del escrito de acusación contra los separatistas. Así empezó todo. La mitad de los profesionales de los servicios jurídicos del Estado ya firmaron un escrito, tras el pacto de investidura del presidente, para clamar por su independencia y criticar la claudicación del Estado de derecho con la ley de amnistía.
Pero el escándalo no había hecho más que empezar: luego llegaría la querella de Pedro contra el juez Peinado por imputar a su mujer, o el alineamiento de la Abogacía del Estado con el fiscal general imputado, o el cambio de criterio respecto a los proetarras de Bildu. La Abogacía pasó a defender, para devolver favores de Sánchez a los herederos de ETA, que Bildu no dejara de recibir subvención pública a pesar de llevar terroristas en sus listas.
Sánchez, García Ortiz y Félix Bolaños pasarán: serán un mal recuerdo. La Fiscalía y la abogacía del Estado continuarán; pero la pregunta es sí lograrán recuperar su reputación después de haberse confundido con el bufete de un delincuente y la defensa particular de la esposa –con más ínfulas que méritos– de la segunda magistratura del Estado. Lo dudo.