- El fiscal que le corresponda lo decidirá él. Ese fiscal estará obligado a defender el principio de legalidad, pero si al aferrarse a él acerca al reo a una condena, este lo puede relevar. El fiscal, subordinado del acusado. Cualquiera comprende que esto no es ni medio justo
García Ortiz debió dimitir desde que pasó a tener la condición de investigado. Pero ahora, procesado, y tras la resolución del TS, su permanencia en el cargo se convierte en otra bofetada a la democracia. Genera inéditas contradicciones procesales, absurdos doctrinales, irracionalidad. En realidad, mientras García persista, podemos afirmar que el Estado de derecho en España está en suspenso. No afirmo lo que afirmo porque él sea un criado de Sánchez y yo considere el sanchismo una maldición, sino por razones puramente técnicas donde el color político del fiscal general no importa lo más mínimo. Esta elemental coherencia es desconocida en la izquierda, como hemos comprobado tras la dimisión de una diputada y alto cargo del PP que se había arrogado títulos de los que carecía. La derecha no la animó precisamente a aferrarse al cargo, salvo algún hincha excepcional. Sin embargo, los usurpadores socialistas y comunistas de títulos universitarios no sienten la menor presión de los suyos. La presión de los tuyos es la única presión real; lo que diga el adversario resbala por tu caparazón. He ahí otra ventaja del progresismo: te inventas títulos y duermes tranquilo.
García Ortiz debió dimitir hace mucho, pero, después de pronunciarse el TS, es insoslayable. No porque se comporte siempre como el abogado de la familia Sánchez y el azote de sus adversarios políticos, sino porque la Fiscalía está integrada en el Poder Judicial y su estructura es rígidamente jerárquica. Lo cual torna ridículo el desarrollo de cualquier juicio en el que él aparezca como acusado. El fiscal que le corresponda lo decidirá él. Ese fiscal estará obligado a defender el principio de legalidad, pero si al aferrarse a él acerca al reo a una condena, este lo puede relevar. El fiscal, subordinado del acusado. Cualquiera comprende que esto no es ni medio justo. De nuevo, todos sabemos que si el fiscal general del Estado no fuera un progresista, ya habría dimitido hace tiempo. En la derecha no existe la inamovible premisa de la superioridad moral. Aunque, visto lo de enfrente, estaría algo justificada.
Hay un ‘pueblo’ jurídico-político que es el sujeto de soberanía, el We The People constituyente y legitimador. Luego hay otros usos de la palabra ‘pueblo’. En una de las acepciones más nuestras —y por tanto más entrañables y más odiosas a la vez— encontraremos a una masa aficionada a los procesos judiciales con connotaciones políticas (o muy escabrosas). El interés popular por el caso García está condenado a declinar, a ir decayendo al mismo ritmo que la calidad democrática patria. «El noble pueblo español», que diría un documental viejo, significa en realidad las audiencias televisivas. Bien, ese segmento decreciente se va a informar sobre el juicio a García por quien más grite. O sea, por una insufrible tertuliana cuyo nombre no recuerdo. Ella revelará al pueblo menguante que todavía ve la tele los vericuetos del laberinto penal. Así pues, aunque la democracia esté hecha unos zorros, las risas del personal —después, en la red— están aseguradas.