Tres sombras negras planean sobre la gestión del volquete multimillonario de la UE (140.000 millones de euros) destinado a la recuperación económica: clientelismo, opacidad y despilfarro. Las tres constan de forma más o menos explícita en la ofensiva política y judicial del PP contra el reparto de los fondos por parte del Gobierno de coalición PSOE-UP.

Todas las escalas del poder institucional del partido liderado por Pablo Casado, desde las municipales hasta el grupo «popular» del Parlamento Europeo, se han movilizado contra una política de Estado que no cuenta con la complicidad del principal partido de la oposición. Ese es un hecho objetivo y verificable. Debemos constatarlo antes de buscar culpables de que un proyecto nacional entre en el barrizal del partidismo.

El desencadenante ha sido la concesión directa del Ministerio de Trabajo de ciertos proyectos reactivadores del empleo en País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura. En todas ellas gobierna el PSOE solo o en coalición. 

Tres sombras negras planean sobre la gestión de los fondos: clientelismo, opacidad y despilfarro 

El decreto (19 octubre 2021) ha sido impugnado o amenaza serlo, en vía contencioso-administrativa, por CCAA y ayuntamientos gobernados por el PP. Denuncian que se ha incumplido la Ley General Presupuestaria (art. 86) que remite a una conferencia sectorial (consejerías de Trabajo) la concesión directa de estas ayudas con «criterios objetivos».

Ese ha sido el desencadenante mediático del nuevo rifirrafe sobre una política de Estado entre el que gobierna y el que aspira a gobernar. Pero el asunto ya se incluía en la batería de preguntas a la Comisión Europea que varios eurodiputados del PP presentaron hace más de quince días. Se alude a la deficiente distribución de los fondos y se denuncia una presunta desviación de los objetivos señalados en el Plan de Recuperación. Además, se pide a los jerarcas de Bruselas información veraz sobre el porcentaje de fondos asignados de forma directa respecto a los asignados de forma concurrencial.

El PP da cuartos al pregonero a escala europea. Y eso genera daños en la imagen de España. Hubiera sido innecesario con un mínimo de diálogo institucional y entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Esa es la causa de que una política de Estado haya entrado en el barrizal. No el hecho de que en su día el Consejo de ministros, no una comisión independiente, asumiera la capacidad de decidir sobre la asignación de fondos. 

Por desgracia, hace tiempo que la política nacional carece de ese componente en la gestión del interés general. Nuestros dirigentes prefieren la confrontación partidista. Como dice mi amigo Manuel Cruz, expresidente del Senado, «la democracia para algunos se alimenta más de la tensión que del acuerdo». Desdeñan el acuerdo porque no hay nada que ganar. Y entienden que no es positivo que ganen todos porque, según ellos, «siempre tiene que haber algún derrotado».

Nadie debe rasgarse las vestiduras por el afán fiscalizador del PP. Nunca sobrará una oposición objetora del poder 

Y ya que el diálogo entre Casado y Sánchez está roto, nadie debe rasgarse las vestiduras por el afán fiscalizador de un PP que cree tener viento de cola hacia el poder. Al ciudadano de la calle no le sobra una oposición objetora del poder. 

Si el Gobierno está convencido de que su gestión es un ejemplo de transparencia y neutralidad, nada debe temer de esta ofensiva. Al revés. Frente a un partido alérgico a la remada conjunta en temas de Estado y políticas de interés general, es evidente que el PP pagará en las urnas sus temerarias sospechas sobre el uso opaco y clientelar de fondos destinados a actualizar nuestra economía en clave digital, verde e inclusiva.

Pero si las sospechas del PP resultan fundadas, el PSOE también pagará un precio por su deliberado y consciente arrinconamiento del principal partido de la oposición en políticas de Estado.