El independentismo tiene marcada en el calendario una nueva fecha para exhibir poder de convocatoria. El próximo 16 de diciembre, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, deberá acudir a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como investigada por los delitos de desobediencia y prevaricación. María Eugenia Alegret, la magistrada instructora de la causa abierta a partir de una querella de la Fiscalía, comenzó a fijar la agenda de las declaraciones no sólo de la única investigada por este procedimiento sino de cinco testigos. Además, ha pedido más documentación al Parlament, como los informes jurídicos de los letrados de la Cámara catalana del 15 de diciembre de 2015 que indicaban que cualquier decisión sobre el proceso soberanista podía suponer una desobediencia al Tribunal Constitucional. También reclama el auto de este Tribunal que recordaba a la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente que su actividad era «absolutamente inviable» por su coincidencia con el «proceso de desconexión» que se anuló.
El TSJC inició una investigación a partir de una querella de la Fiscalía para determinar si Forcadell desobedeció al Tribunal Constitucional al modificar el orden del día del Pleno del Parlament para someter a votación las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente de la Cámara catalana. En su querella, la Fiscalía consideró que, con esta decisión, la presidenta quiso «dinamitar» el modelo de Estado al permitir el debate y posterior aprobación de una propuesta que vulnera la Constitución. Además, recordaba que Forcadell actuó de forma arbitraria y con un ejercicio «desviado de las funciones públicas que ostenta».
Junts Pel Sí y la CUP votaron a favor de la hoja de ruta independentista en ese Pleno, por lo que el Constitucional consideró que Forcadell había cometido un «incumplimiento objetivo de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos» del Tribunal y trasladó sus conclusiones a la Fiscalía, que inició la vía penal por desobediencia contra la presidenta.
Ante el juez deberán declarar como testigos el ex secretario general de la Mesa del Parlament Pere Sol, que dimitió el pasado 29 de octubre, y el letrado mayor de la Cámara, Antoni Bayona. Los dos informaron en el Pleno del auto del 19 de julio con la advertencia «expresa» del Constitucional de que la Mesa del Parlament tenía la obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que desoyera las resoluciones del Tribunal.
Por su parte, el 19 de diciembre declararán como testigos los miembros de la Mesa José María Espejo (C’s), David Pérez (PSC) y Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que Es Pot), que mostraron su disconformidad con la decisión de Forcadell de alterar el orden del día del pleno para incorporar la votación de las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente. Espejo advirtió de que la Mesa había rechazado la votación y que la inclusión de Forcadell por la vía de urgencia constituía un «fraude de ley». Nuet aseguró ayer que no acusará directamente a la presidenta en su declaración judicial.