Pedro Sánchez ha activado el modo electoral. No es que haya estado alguna vez en otro sino que ha dado al partido la orden concreta de prepararse en formación de combate. Sea para 2027 –un ‘supermayo’ con urnas nacionales, autonómicas, locales, forales e insulares–, para coincidir con las andaluzas de 2026 si Juanma no las convoca antes o para cualquier momento a partir de enero en el caso de que las cosas se compliquen de verdad en los tribunales. El presidente sabe que con o sin presupuestos le espera un resto de legislatura ingobernable porque los socios no van a cesar en su permanente estrategia de chantaje. Así que el objetivo casi único es aguantar el poder y confiar de nuevo en que la oposición se desgaste por el cansancio de la derecha sociológica o por exceso de confianza en sus posibilidades. Por eso adelantó el congreso de Sevilla; quiere que los aparatos regionales y provinciales estén en el primer trimestre listos para activarse.

Con Cataluña en el bote desde que Illa rompió la hegemonía nacionalista, las cuentas gubernamentales pasan por aumentar la deprimida facturación de Madrid y Andalucía. El desembarco de Óscar López en la comunidad capitalina significa que será el equipo de Moncloa el encargado de dirigir la ofensiva. El ministro es poco rival para Ayuso pero su verdadera misión no estriba en relevarla sino en destruirla; se trata de erosionar su figura mediante una campaña propagandística que sirva para reagrupar el desmadejado voto socialista. Con Moreno sucede lo mismo; las próximas elecciones están perdidas y la más que probable liquidación de Juan Espadas apunta una finalidad distinta: subir registros en el antiguo feudo para aumentar a escala nacional las expectativas de que el Gobierno resista. Valencia, el otro punto clave por masa crítica, depende del tiempo que Feijóo tarde en sustituir a Mazón, cuya continuidad es suicida para las opciones del PP como alternativa.

Con un Vox fuerte, y lo está sin visos de aflojar, el sanchismo se ve en condiciones de al menos disputar un resultado por el que hoy nadie apostaría un euro. La posibilidad verosímil de que Abascal sea vicepresidente y controle varios ministerios puede volver a movilizar a muchos votantes de izquierda con el ya clásico recurso del miedo a un retroceso en materia de derechos. Será injusto, un evidente doble rasero frente al bloque anticonstitucionalista de los separatismos y Podemos, pero es cierto y las elecciones se ganan o se pierden en virtud de la realidad de los hechos. La anunciada campaña de antifranquismo retroactivo pretende una deslegitimación global de la derecha, moderada o extrema, que conduzca a otra confrontación en blanco y negro, un enfrentamiento bipolar a cara de perro donde no quede sitio para los proyectos de centro. Y no es imposible que tenga éxito si los populares, o sus sectores de apoyo, muerden el anzuelo.