El Ejecutivo central y los autonómicos están obligados a establecer unas normas claras para regular el funcionamiento de la conferencia de presidentes sin tanta improvisación como en la sesión celebrada el lunes pasado. Un procedimiento de trabajo idóneo puede ayudar a alcanzar acuerdos entre los dos grandes partidos que, hoy por hoy, sólo en el País Vasco han sido capaces de entenderse no sólo para hacerse con el Ejecutivo de Vitoria, sino para pactar, incluso, la política económica.
Los socialistas y populares llevan poniendo de manifiesto sus diferencias sobre la política económica desde que comenzaron los primeros síntomas de la crisis. La última vez que hicieron evidentes sus desacuerdos con solemnidad fue en el reciente debate en el Congreso sobre la futura ley de Economía Sostenible.
Con esos precedentes resultaba iluso esperar que iban a acercar posiciones por el mero hecho de tratar la cuestión en un foro diferente a los habituales como es la conferencia de presidentes autonómicos. El PSOE y el PP no están de acuerdo en el análisis de la situación económica ni en las medidas que aplicar y lo expresan allí donde tienen ocasión de hacerlo.
Así que el desacuerdo de la conferencia de presidentes registrado el lunes es coherente con las relaciones que mantienen el Gobierno y la oposición sobre la política económica. Las diferencias previas hacen más incomprensible todavía que el documento que se sometió a votación de los presidentes no hubiera estado trabajado con antelación entre las partes.
En cumbres de este tipo es habitual que una gran parte de la labor de acercamiento de posturas se realice entre expertos mucho antes de que comience oficialmente la reunión de los líderes políticos. A estos se reserva la solución de aquellos nudos que no han podido desatar los expertos y asesores.
La cumbre autonómica fracasó por diversas razones, entre ellas la preparación inadecuada de la reunión y la escasa voluntad de los protagonistas, que ahora se intercambian acusaciones sobre la responsabilidad del desenlace.
La última reunión del presidente del Gobierno central con los titulares de los ejecutivos autonómicos ha fracasado, pero la colaboración y el entendimiento entre estas instituciones es una necesidad para el buen funcionamiento del país. Incluso en el área económica. El Estado y las autonomías tienen que acordar, entre otros asuntos, una cuestión vital como es el control del déficit público para que España pueda volver a los parámetros establecidos por la Unión Europea en los plazos previstos. Sin la acción concertada en esta materia, difícilmente se podrá solventar uno de los cuellos de botella que amenazan la credibilidad internacional de la economía española. Y otro tanto puede decirse de otros capítulos, entre los cuales la lucha contra el paro ocupa una situación principal.
El Ejecutivo central y los autonómicos están obligados a establecer unas normas claras para regular el funcionamiento de la conferencia de presidentes sin tanta improvisación como en la sesión celebrada el lunes pasado. Un procedimiento de trabajo idóneo puede ayudar a alcanzar acuerdos entre los dos grandes partidos que, hoy por hoy, sólo en el País Vasco han sido capaces de entenderse no sólo para hacerse con el Ejecutivo de Vitoria, sino para pactar, incluso, la política económica.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 16/12/2009