EL MUNDO 14/03/14
No hubo aliados. La fractura escenificada desde la tribuna incluso llegó a definirse como un juego de «trincheras» casi inamovible. Frentes con matices, radicales en algunos casos, superficiales en otros. Pero en el Parlamento vasco, ETA y sus presos volvieron a resquebrajar ayer la unidad. Lo hizo en un pulso por determinar si el acceso a beneficios penitenciarios por parte de los etarras debe requerir una interpretación flexible de la ley o su aplicación rigurosa. El punto de partida fue una proposición de ley de UPyD, enmendada por el PP, por un lado, y por EH Bildu, por otro. Ni unos ni otros lograron más apoyo que los propios. Y quienes permanecieron como meros interpeladores –PSE y PNV– prefirieron criticarles para subrayar sus posiciones propias: de defensores del consenso los socialistas, de visualizadores de la contradicción de la izquierda abertzale, los nacionalistas. PNV, PSE, PP y UPyD sólo encontraron un suelo común en sus críticas hacia la posición de Bildu.
La iniciativa de UPyD reclamaba que la Cámara vasca instara al Gobierno de Mariano Rajoy a una aplicación rigurosa y estricta del Código Penal y el reglamento penitenciario en la concesión de beneficios a los presos de ETA para evitar «cualquier tipo de impunidad o injusticia».
En el PNV le reprocharon que el acceso a este tipo de beneficios no depende de su «rigurosidad» en la concesión, sino más bien de la «voluntad clara» de quien los solicita, que debe hacerlo «sin medias tintas», ni «trampas» o «lágrimas de cocodrilo», aseguró Iñigo Iturrate. A EH Bildu le recordó que al igual que acataron la legalidad vigente, incluida la Constitución, «no entiendo por qué lo tienen que convertir en un vía crucis para los presos de ETA»
«La ley ya se cumple»
El PSE, por boca de Rodolfo Ares, lamentó que el final de ETA haya provocado una proliferación de debates que no hacen sino «generar división, enfrentamiento y confrontación» para que cada formación «se coloque en su trinchera». También reprobó a los cargos institucionales del PNV y del PP sus posicionamientos en torno al fin de la banda, que no contribuyen «a generar confianza» para acordar una política conjunta.
Nerea Llanos (PP) defendió al Ejecutivo porque «no es necesario exigirle que cumpla la ley, ya lo hace». Aseguró que lo que realmente pretenden es obtener «privilegios» y exigió que rompan con la banda.
Por parte de EH Bildu, Julen Arzuaga defendió que reconocer el daño causado debe generar una flexibilización del marco legal y que éste no se plantee como «un obstáculo».