Un joven diputado del PSOE llamado Pedro Sánchez apoyó con su voto esos recortes que. sin embargo, no sirvieron para evitar que el PP tuviera que afrontar una situación económica crítica, por no decir terminal, cuando meses después Mariano Rajoy llega al Gobierno. A pesar de lo ocurrido hace quince años, el PP ha asumido hasta ahora el papel de recortador antisocial con una mansedumbre franciscana, mientras los socialistas, responsables de recortes sociales sin precedentes por su catastrófica gestión de la crisis financiera de 2008, insistían en su cháchara hablando de «salidas progresistas» a la crisis frente a las supuestas recetas «neoliberales» que, de ser ciertas, deberían a Zapatero derechos de autor.

Este episodio que los socialistas españoles quieren esconder en el armario de sus más escandalosos esqueletos salta en la memoria, con su dramatismo y la forma imprevista de producirse, al conocer el anuncio del primer ministro francés de un exigente plan de ajuste del gasto público, unos 44.000 millones de euros, para salvar a Francia de un riesgo muy cercano de quiebra fiscal del Estado.

Naturalmente que la analogía tiene sus limitaciones. En su comparecencia, el primer ministro, François Bayrou, evocó el hundimiento de Grecia y habló a los franceses convocándolos a su «cita con la historia» en «el momento de la verdad». No ahorró gravedad al plantear el desafío, y si inquietante pudo resultar el diagnóstico, más preocupantes son los efectos para todos de un eventual -y probable- fracaso de este ajuste, Francia es la segunda economía del euro, su PIB duplica el de España y la sola perspectiva de que pueda llegar a una situación parecida a la de Grecia en 2010 dibuja un escenario de consecuencias previsibles y gravísimas ¿Un ‘default’ de Francia?

Francia acaba de ganarse el puesto de ‘enfermo de Europa’. Un país extraordinariamente rico en todos los terrenos pero que demuestra ser irreformable, adicto al gasto público, en palabras de Bayrou al describir la encrucijada en la que se encuentra. Un gasto público que supera el 57% del PIB, una carga tributaria de más del 45% de la riqueza nacional, una Administración pública que concentra el 20% del empleo total, además de indicadores insostenibles de deuda (113%) y déficit (5,8%) colocan a Francia ante el espejo que retrata su vulnerabilidad en tiempos de mutación acelerada de paradigmas económicos y agudo declive demográfico que seguirá presionando sobre las capacidades del modelo de bienestar.

Hay una parte específicamente francesa en esta situación. Pero otros factores que han llevado al país hasta este punto están generosamente repartidos por la Unión Europea, y desde luego en España. La inercia que se impuso con la pandemia no se ha revertido y la excepcionalidad con la que se tuvo que afrontar se mantiene de manera injustificada. Los gobiernos dispusieron de recurso ilimitado al endeudamiento, se suspendieron las reglas fiscales, se permitió gobernar por decreto, la propia Unión Europea también se endeudó.

Desde entonces, los gobiernos han gastado sin reglas; ni siquiera los fondos europeos de recuperación han sido objeto de un verdadero control por parte de la Comisión Europea que sigue sin responder a las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre las graves deficiencias del modelo de gestión de estos fondos. La inestabilidad institucional que ha caracterizado la evolución reciente de los sistemas políticos nacionales y la extendida polarización han hecho imposibles las reformas que deberían aportar dinamismo y mejores posiciones competitivas a nuestras economías. Sin reformas, o solo con aquellas que resultan en mayor gasto público, sin crecimiento sostenido, sin estabilidad institucional ni consensos políticos básicos, con unas instancias europeas que renuncian a recuperar la disciplina necesaria en el control de las finanzas públicas, con una carga tributaria creciente sobre empresas y familias, no pensemos que estamos exentos de riesgos por muy ricos que creamos ser. Si Francia entra en la UVI, todos podemos ser Francia.