Tonia Etxarri-El Correo
El contexto de la corrupción por el pelotazo de las mascarillas en el caso Koldo-Ábalos está salpicando a las instituciones hasta llegar a la médula del propio Congreso de los Diputados, con su presidenta, Francina Armengol, en la diana del PP. Pedro Sánchez dejó caer a su exministro José Luis Ábalos, que se ha recolocado en el grupo mixto para salvaguardar su aforamiento, aunque, de momento, no está siendo imputado por el juez instructor que asegura, en su auto, que ejerció de «intermediario» en la trama. Tampoco ha sido imputada la presidenta de la Cámara Baja en España, aunque la Fiscalía Europea la investiga por posible utilización fraudulenta de los fondos europeos por su presunta responsabilidad en la compra de mascarillas ‘fake’ cuando era presidenta de Baleares. En eso se basa el PP para pedir su dimisión. Si el PSOE no está aplicando la misma vara de medir con los nombres que aparecen salpicados en la trama (palo a Ábalos, zanahoria para Francina) es por la necesidad de mantener en su puesto a la tercera autoridad del Estado. Que el sanchismo está ya lo suficientemente tocado.
Mientras la ramificación balear de la trama no acabe provocando una petición del Tribunal Supremo de un suplicatorio para poder investigar a la presidenta del Congreso, el PSOE insiste en que aquí no hay caso: «No va a tener ningún recorrido jurídico». ¿Y la responsabilidad política? Hay razones suficientes para preguntar a la presidenta del Congreso. Si una comisión parlamentaria va a investigar sobre la contratación de todo el material sanitario, ¿no es lógico indagar también a la que fue presidenta del Gobierno balear en tiempos de pandemia?
El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, en medio de un escándalo por presunta corrupción en el que estaba involucrado su Ejecutivo, dijo en televisión que «la dignidad de las tareas de un primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre la integridad, el buen comportamiento y menos aún con cualquier tipo de acto delictivo». Y, acto seguido, presentó su dimisión.
Pedro Sánchez no se mueve en los mismos parámetros que su homólogo luso. Aferrado al poder, no puede permitir que la tercera autoridad del Estado, que se ha convertido en una pieza de caza mayor para el PP, caiga y desate una tormenta sobre su Gobierno. Si se demuestra que el Ejecutivo balear incurrió en una estafa (la señaló el propio Ábalos) con presunto delito de prevaricación y malversación de fondos europeos, caería Francina. Si sucumbe la tercera autoridad del Estado, se tumba la legislatura.
Sánchez no está controlando los tiempos. Por primera vez. El presidente podrá aguantar, pero es hoy más débil que hace dos semanas. Ni con la amnistía aprobada habrá paz en La Moncloa. Se podrá desviar el foco durante un tiempo. Nada más.
Que el acuerdo con Puigdemont sobre la amnistía acabe siendo la tabla de salvación de estos casos de corrupción que le agobian a Sánchez no deja de ser una ironía.