El Correo-MIKEL BADIOLA GONZÁLEZ
La anunciada exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos tiene un significado más bien simbólico. No es prioritaria en la agenda de las necesidades sociales, pero resulta lógica si se quiere convertir el Valle de los Caídos en un monumento de reconciliación, una idea luego matizada por el presidente del Gobierno. Aunque bastaría con darle allí mismo otro lugar no preeminente.
Sin embargo, el también anunciado favorecimiento de la localización de restos de desaparecidos/as y de fosas comunes de víctimas de la Guerra Civil es una cuestión de justicia histórica y de humanidad imprescindible. No se alcanza a comprender que, después de más de diez años desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica de 2007, todavía sea un asunto pendiente que, en ocasiones, ha avanzado ‘a golpe de sentencia’.
Pero se ha anunciado, igualmente, la intención de criminalizar la apología del franquismo, y esa medida me parece sumamente preocupante para la convivencia social y para la salud de la propia democracia, porque, en mi opinión, supondría reintroducir al dictador Franco en nuestra convivencia futura.
En primer lugar, la mera ideología antidemocrática del franquismo no obliga a su condena jurídica. Las libertades ideológicas y de expresión, propias de la democracia, amparan planteamientos políticos contrarios a la propia democracia, tales como los ‘anti-sistema’, y los totalitarios, incluido el franquismo; sin perjuicio de exigir a sus defensores un total respeto a la legalidad vigente. Esto no es una defensa del franquismo, sino de la libertad inherente a la democracia, que comprende, también, la posible expresión de las opiniones que no nos gustan y que no compartimos. Por ello, la prohibición del franquismo incurriría en la incoherencia de colocar a Franco en una excepción a la democracia que se dice defender.
En otro orden de ideas, y ya que vamos de ‘memoria histórica’, tampoco hay que olvidar que en la Guerra Civil de 1936 se cometieron desmanes y barbaridades por ambos bandos. Yo he conocido de cerca a personas que, en el lado de la República, sufrieron daños muy graves, incluida la muerte de seres queridos, para quienes el triunfo de Franco supuso un alivio, no ideológico, sino de mera supervivencia humana. La criminalización del franquismo puede llevar a esas personas (si viven) y a sus familias a reavivar heridas y vivencias pasadas, que no se alinean con la reconciliación y concordia que se citan en la Ley de Memoria Histórica. Otra vez, Franco en medio.
Esto no supone desconocer el tremendo sufrimiento de los vencidos por Franco, no sólo en la Guerra Civil, sino durante mucho tiempo después, por lo que son acreedores de una justa y merecida reparación histórica. Pero el sufrimiento de unos no elimina el sufrimiento de los otros.
La convivencia social es mucho más importante que la afección a uno u otro bando o régimen político. Son un buen ejemplo de ello los encuentros habidos entre familiares de víctimas de ambos bandos. Una vez más, la sociedad va por delante de la política.
Tampoco podemos olvidar que nuestra sociedad tiene un especial apego a los extremos. Un tío mío solía decir: «en este país, o matar curas, o beber agua bendita». La persecución del franquismo podría convertirse en un arma arrojadiza, propiciando una ‘caza de brujas’, con evidente distorsión de la dinámica política y social.
La historia es la que es. La frustración de la sociedad española por no haber podido eliminar el franquismo en vida del dictador Franco (que se murió ‘de viejo’ y en la cama) no puede justificar que, cuarenta años después de su fallecimiento, se haga reverdecer actitudes negativas para la convivencia social.
Pero, además, la clandestinidad es medio idóneo para aparentar que se tiene más fuerza de la que se tiene realmente. Y estamos en un escenario mundial delicado para la democracia, en el que vemos el ascenso de la extrema derecha en varios países europeos, y la aparición de políticos autoritarios en el seno de regímenes formalmente democráticos, entre los negros nubarrones del creciente proteccionismo y de la asfixiante crisis migratoria. En este contexto, la ilegalización del franquismo serviría para darle más aire.
Por todo ello, so pretexto de combatir el franquismo, la prohibición de su apología, paradójicamente, colocaría a Franco en el centro de nuestra convivencia futura. No caigamos en esa trampa. Si se quiere enterrar al dictador de verdad, aquí o allá, las acciones de la memoria histórica deben ser estrictamente humanitarias. Si se rebasa ese perímetro, se logrará el efecto contrario: Franco ‘resucitará’ para estar presente en el futuro de nuestra convivencia.
Por último, el franquismo no son sólo los centenares que se manifiestan cada 20-N en el Valle de los Caídos, sino el que se viene conociendo como «franquismo sociológico», que, lejos de planteamientos ideológicos rígidos, cuestiona la democracia por los resultados de su gestión. El cual no se combate sólo con la legitimidad democrática, sino con la eficacia en la solución de los problemas de la sociedad, por lo que los esfuerzos de la lucha contra el franquismo deberían ir orientados a ello, a fin de evitar aquel viejo eslogan que decía que ‘contra Franco vivíamos mejor’.