PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO, EL CORREO 04/05/14
· O sea, que para curarnos de las heridas provocadas por ETA tenemos que echar sal en las provocadas por Franco.
Han pasado casi cuarenta años desde que terminó la dictadura franquista. Hemos sufrido por el medio un periodo infausto de terrorismo que parece que por fin terminó también. Y quienes hoy a duras penas reprimen su anterior adhesión incondicional a la violación de los más elementales derechos de otros conciudadanos vascos, considerados hasta ayer enemigos, siguen con su relato de opresión española sobre el pueblo vasco, con el franquismo como su expresión más acabada, y hablando de España como una entidad en esencia franquista y de cuya nefasta influencia no cabrá librarse hasta que Euskadi o Euskal Herria se independice de ella.
Una esforzada operación de reconciliación llevada a cabo por la sociedad española y por todos los partidos políticos en su nombre, con Adolfo Suárez al frente, con sucesivas leyes de amnistía y la Constitución de 1978, consiguió levantar un régimen democrático y no de facción o partido, como habían sido todos los anteriores, y lo hizo mientras el terrorismo de ETA se ensañaba hasta deprimirnos a todos y provocaba que un Tejero nos dejara en el ridículo más espantoso. Más adelante, en las legislaturas de Rodríguez Zapatero, se inició una operación de recuperación de la memoria histórica, con la Ley de 2007 como emblema, que consistía en resarcir, por parte de generaciones que ya no habían vivido la guerra, a quienes no se consideraban suficientemente recompensados por la reconciliación de la Transición. Rememorar los cadáveres enterrados en las cunetas hizo estragos en la conciencia de los políticos y se reavivó una nueva purga de la imaginería procedente de la mayor calamidad de nuestra historia. Se cometía así el terrible error histórico de considerar a la Segunda República como un periodo ejemplar de libertad y convivencia destrozado por la sublevación militar.
Esta operación socialista de recuperación de la memoria histórica vino a superponerse en el País Vasco a una operación nacionalista, ejercida desde el inicio de la Transición, de ver a España como una entidad opresora, fuera cual fuese su régimen político. El resultado fue un megamix ideológico y memorístico que permite hoy creer a mucha gente, de modo natural, que Euskadi fue un todo republicano, a partes iguales socialista y nacionalista, opuesto en bloque a una España franquista.
Estamos así ante un diseño de envergadura, muy ambicioso que, partiendo del ámbito cultural, propone una visión perfectamente distorsionada de nuestra historia pero con una capacidad enorme de conseguir adhesiones masivas, como vemos tanto por los resultados electorales como por la dinámica política habitual. Dos de las tres patas del programa del actual Gobierno vasco, el autogobierno, por un lado, y la paz y la convivencia, por otro, encuentran en este planteamiento de fondo la base de su argumentario y potencialidad.
Los impulsores de esta política, que alberga, mediante el recurso de erigirse en heredera de los derrotados en la guerra civil, la finalidad evidente de anular políticamente al contrario, han repartido ya las etiquetas: republicanos son ellos, defensores de la libertad y la democracia, mientras que sus oponentes son, en principio, de derechas, pero a un paso de ser franquistas a nada que defiendan la idea de que existe una nación histórica, incluso formada por entidades diversas, incluidas las vascas, y llamada España.
La sencillez de esta operación la convierte en inabordable y denunciar su manipulación no cala en la opinión pública. Pero, en cambio, a través del análisis de sus resultados sí cabe desvelar lo burdo y maniqueo de su factura. Y aquí su producto más acabado es, sin duda, el tratamiento que hace de las víctimas. De cara a la creación del futuro Instituto Vasco de la Memoria, víctimas son todas, desde la guerra civil y la dictadura hasta el terrorismo vasco. Se convierte así en victimaria a una violencia genérica, transgeneracional, que abarca casi un siglo y a la que le da igual que sepamos que la represión franquista fue mucho más dura en Badajoz, Sevilla o Burgos que en el propio País Vasco: una sola víctima vasca del franquismo justificaría todo el proceso.
Pero la operación es más sofisticada de lo que aparenta ya que en lugar de resarcir a todas las víctimas de todas las violencias, como proclama, conectando la victimización provocada por el franquismo con la provocada por ETA, lo que en realidad pretende es convertir la actual democracia española en heredera directa de la Segunda República, difuminando la responsabilidad actual de ETA y manteniendo y reforzando, en cambio, la demonización del franquismo. O sea, que para curarnos de las heridas provocadas por ETA tenemos que echar sal en las provocadas por Franco. Por supuesto que el franquismo no trató de recuperar la memoria personal de todas y cada una de las víctimas, solo lo hizo con las que consideró suyas. Pero, entonces, ¿es que ahora se pretende hacer lo mismo, en nombre de la democracia, que es de todos, tomando parte solo por el bando republicano y sus herederos?
La respuesta de una democracia avanzada ante las víctimas de su historia solo puede ser una: situándose por encima de las partes en disputa, restaurarlas a todas en su respectiva y propia identidad. Gregorio Balparda, liberal progresista y laico, los católico-fueristas José María Urquijo, Joaquín Beunza y Juan Olazabal, el monárquico Adolfo González de Careaga, incluso el tradicionalista Víctor Pradera, a quien Franco le prologó luego unas llamadas obras completas que en realidad no lo son, asesinados todos ellos en territorio republicano, ¿fueron por eso franquistas? Se impone, pues, proceder así con todas las víctimas, franquistas y republicanas, caso por caso. Pero esta labor nos tememos que desborda con creces el interés y la ambición de nuestros políticos.
PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO / Profesor de historia del pensamiento político en la UPV-EHU EL CORREO 04/05/14