La concesión del concierto a Cataluña supone la modificación del sistema de financiación y hasta del modelo de Estado por la puerta de atrás
Cada vez que propuse en el Parlamento Vasco la supresión del Concierto Económico, uno de los argumentos para oponerse a la iniciativa que con mayor vehemencia exponía el resto de grupos, incluidos los nacionalistas, era que el Concierto está reconocido en la Constitución Española. Y se me recordaba, como si no la conociera, la disposición adicional primera de la Carta Magna: «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales». Era el único día en que defendían, aunque cínicamente, la Constitución Española. Para intentar derribarla tenían el resto de los días del año.
Yo les respondía que sabía que el Concierto Económico vasco está reconocido y amparado por la Constitución Española, y por eso yo les instaba a pedir al Congreso de los Diputados que iniciara los trámites para suprimir de la Constitución los «derechos históricos» de los territorios forales, al objeto de eliminar los privilegios que el sistema implica y defender la igualdad entre territorios y ciudadanos españoles. Y que, si bien era cierta la existencia de la disposición adicional primera, no era menos cierta la plena vigencia de otros artículos recogidos en la Carta Magna y que, sin embargo, no se respetan, como los artículos 138.2 («Las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales”) y 139.1 («Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”). Y que, en todo caso, las leyes pueden modificarse a través de los procedimientos establecidos, que era lo que yo pretendía, en defensa de la justicia social, la progresividad fiscal y la igualdad. Se hacían los despistados.
Maroto del PP, sin ir más lejos, me subrayó que «soy un hombre pragmático, no nos interesa la independencia: ya tenemos el Concierto Económico, que nos beneficia»
Además, les recordaba lo que ya sabían: que el régimen de concierto económico rompe la igualdad entre territorios y personas, y que supone una sobrefinanciación de unos ciudadanos a costa de los restantes, algo inadmisible al menos para quien se considere progresista. Y les daba datos precisos sobre la cuestión que ellos ya conocían aunque los negaran. Ante ello, los distintos partidos optaban por alternativas contradictorias que combinaron a lo largo del tiempo para oponerse a mis iniciativas, sin que se les cayera nunca la cara de vergüenza: por un lado, negar tajantemente que el régimen de concierto suponga ningún privilegio para los vascos, dado que pagamos la cuantía que pactamos con el Gobierno de España; por otro lado, afirmar que el concierto es un instrumento que no podíamos desaprovechar, dado que nos permite gestionar nuestros propios impuestos y disponer de una financiación superior a la del resto de comunidades autónomas. Maroto del PP, sin ir más lejos, me subrayó que «soy un hombre pragmático, no nos interesa la independencia: ya tenemos el Concierto Económico, que nos beneficia». Y es que «los vascos nos lo hemos ganado». Prefiero no saber cómo. Pastor, portavoz socialista, afirmó en una ocasión que «gracias al Concierto Económico, los vascos no pagamos nada al resto de los españoles».
Ambos supuestos argumentos eran fácilmente rebatibles: en primer lugar, que exista una negociación política entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España para calcular el cupo demuestra la falta de fiabilidad del sistema, dado que si hubiera una fórmula precisa no haría falta negociación alguna; la segunda cuestión apelaba a la honestidad política a la que no iba a renunciar: si defendía la igualdad entre ciudadanos residentes en el País Vasco, del mismo modo debía defender la igualdad y la supresión de privilegios en el conjunto de España. Pero ellos insistían: «Son nuestros derechos«. Y en la cafetería me confirmaban con descaro la injusticia flagrante del sistema. «Pero nosotros no podemos defender lo que tú defiendes».
El propio Illa ya nos ha explicado que el acuerdo supondrá mayor financiación para Cataluña sin que nadie salga perjudicado, versión moderna del milagro del pan y los peces
Por lo demás, les recordaba las declaraciones de algunos de sus líderes nacionales, por si ello les sacaba los colores. Se mantuvieron impertérritos. Entre otras, las de Susana Díaz, Miquel Iceta, Ximo Puig o el propio Pedro Sánchez (aunque antes de ser presidente), todos los cuales criticaron en su momento el sistema. Es verdad que ninguno era Premio Nobel, pero eran socialistas. Iceta, líder de los socialistas catalanes, afirmó: «Si queremos una financiación justa, empecemos por eliminar de la Constitución los privilegios que hoy existen”. Ahora está de embajador ante la Unesco, supongo que suprimiendo privilegios. Por aquí no solo no se ha suprimido ninguno sino que se pretende extenderlos a Cataluña, para que Illa pueda ser elegido president y como pago a los delincuentes. El propio Illa ya nos ha explicado que el acuerdo supondrá mayor financiación para Cataluña sin que nadie salga perjudicado, versión moderna del milagro del pan y los peces.
López Basaguren, quien fue asesor del PSOE para la reforma de la Constitución, acaba de decir que «es muy chirriante que se saque del régimen común a una comunidad autónoma cuando no hay un amparo constitucional para ello». Ya en su momento definió el concierto como «un sistema privilegiado de obtención de recursos financieros». Pero ahora los asesores de Sánchez son intelectuales del nivel de Bolaños, que es lo que se lleva. Y ahora no solo no se corrige o se elimina este instrumento que rompe la igualdad entre españoles sino que se concede a Cataluña por intereses espurios, lo que va a provocar la implosión del sistema de financiación y la inviabilidad financiera del Estado. Y la implosión política, porque el resto de dirigentes autonómicos no van a permitir, espero, semejante atropello.
Camino del Estado confederal
Efectivamente, la concesión del concierto a Cataluña supone la modificación del sistema de financiación y hasta del modelo de Estado por la puerta de atrás, es decir, de manera fraudulenta y tramposa, especialidad olímpica del PSOE. Sánchez ha decidido pasar del actual Estado de las Autonomías a un Estado Confederal, sin reforma constitucional y sin consulta a la ciudadanía, o sea, por sus santos bemoles. Me pregunto en qué momento se le ha encargado a Sánchez que modifique unilateralmente nuestro modelo de Estado.
El PSOE llevaba años negando la concesión de un sistema como el concierto vasco a Cataluña por ser financieramente inviable. Pero la historia se repite y las mentiras socialistas se multiplican. Además, ¿para qué dar argumentos si su desvergüenza no conoce límites y la mentira es su modo de hacer política?