Comparta o no la decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, al Gobierno no le queda más remedio que acatar y, sobre todo, cumplir la suspensión cautelar que frena la aplicación de una instrucción que manipulaba la llamada ‘ley de nietos’. Los magistrados han aceptado los argumentos de los demandantes –Vox y Iustitia Europa– y paralizan la inscripción de extranjeros nacionalizados en el censo electoral. La cuestión que se debate está centrada en la instrucción dictada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, en la que, por su sola voluntad, en vía administrativa y sin publicidad previa, decidía alterar el ámbito de la Ley de Memoria Democrática, limitado a la nacionalización de descendientes de exiliados por la Guerra Civil. Lo que pretendía Puente era colar en el censo electoral casi a cualquier extranjero con ascendientes españoles. Que semejante decisión no podía tomarla una sola persona, es evidente. En la depuración de responsabilidades legales se verá esta cuestión. Por el momento, la Justicia ha vuelto a frenar, aunque sea provisionalmente, un abuso de poder del Gobierno.