Antonio Casado, EL CONFIDENCIAL, 16/12/11
El objetivo de Amaiur es boicotear el funcionamiento del Estado mientras sueña con un Estado propio. Por las buenas, se supone, desde el anuncio del alto el fuego de Eta. Como el sistema tiene derecho a defenderse, sus gobernantes deben hacer lo posible para dificultar la tarea a una fuerza política que aspira a reventar el principio de integridad territorial. He ahí el argumento político que el PP impuso anoche en la Mesa del Congreso para impedir que la coalición del nacionalismo radical vasco tenga grupo parlamentario.
Como todos los argumentos políticos encierra una apuesta, que puede salir bien o mal. Tal vez sirva para desactivar a estos enemigos del sistema o, por el contrario, para reforzarles. La explotación del agravio, como resorte del nacionalismo radical vasco, podría crear males mayores. También es verdad que la firmeza frente a ellos sintoniza con los millones de españoles que ven este grupo como una franquicia política y legal de Eta. Vale. Pero conviene desviar la mirada si nos ponen delante las consideraciones reglamentarias. Aceptemos que la decisión de anoche ha sido política y no perdamos ni un minuto en buscarle un encaje jurídico.
Según la doctrina trasladada por los servicios de la Cámara hace unos días al entonces presidente, José Bono (PSOE), la costumbre y la jurisprudencia estaban claramente a favor de Amaiur en su pretensión de contar con grupo propio. Cuatro días después, el informe de los mismos servicios jurídicos, emitido a petición del nuevo presidente del Congreso, Jesús Posada (PP), ya no era tan tajante. Este segundo informe es el que se trasladó anoche a los tres partidos representados en la Mesa (gobierno de la Cámara). La ambigüedad de su redacción, su ambivalencia argumental e incluso su incierta autoría (¿Seguro que han sido los mismos autores que ilustraron a Bono?), han servido para sacar la pelota del campo jurídico y dejarla en el estrictamente político, donde se impuso la mayoría absoluta del PP (5 votos) frente a PSOE y CiU (4 abstenciones).
La decisión política estaba tomada por la dirección del PP: impedir que los amigos de Eta tuvieran grupo parlamentario propio y favorecer en cambio que lo tuviera UPyD, el partido de Rosa Díez, a pesar de que ninguno de los dos cumplía los requisitos del Reglamento: para Amaiur, al menos un 15% de votos en las circunscripciones donde se presentó (no lo logró en Navarra) y al menos un 5% a escala nacional en el caso de UPyD.
Los antecedentes y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional favorecían una interpretación flexible del Reglamento para que ambos tuvieran grupo parlamentario propio. Como ya lo tuvo el PNV aunque no hubiera alcanzase el 15 % de los votos en Navarra. Como lo tuvo ERC, aunque no alcanzara el 15% en Valencia.
La flexibilidad sólo cayó de un lado: el partido de Rosa Díez tendrá grupo, con la adición del diputado del FAC (Cascos), que le da para rebasar ese 5% a escala nacional. Y no lo tendrá Amaiur, sin embargo, aunque rebasara ampliamente el umbral del 15% en Euskadi. Y en la suma de Euskadi y Navarra. Pero la política es la política, aunque la vía de los recursos puede acabar de nuevo en el Tribunal Constitucional. Váyanse haciendo a la idea.
Antonio Casado, EL CONFIDENCIAL, 16/12/11