EL MUNDO 19/05/13
ENTREVISTA, ÁLVARO RODRÍGUEZ BEREIJO
Pregunta.– ¿Le preocupa España?
Respuesta.–Mucho, mucho. El edificio institucional y político, que se alumbró con la Constitución, parece deshacerse. Tengo la sensación de que todo lo que se hizo y que parecía sólido y firme se resquebraja.
P.– ¿En qué lo nota?
R.– En que la normatividad de la Constitución y del aparato jurídico y legislativo están en un declive creciente. En la insoportable levedad de la ley, que tiene cada vez menos fuerza de vincular y de obligar. Es un síntoma muy preocupante que una persona no cumpla lo que han decidido los tribunales o lo que dice la ley. Y esto se ha acelerado en los últimos cuatro o cinco años.
P.– ¿Cómo le parece de grave?
R.– Me parece lo más grave, más que la crisis económica. España saldrá de la crisis económica con mucho esfuerzo y con un empobrecimiento relativo, pero la crisis política es igual de profunda y la salida mucho más difícil. Y no veo los mimbres que nos permitan salir de esta crisis política con un gran acuerdo constitucional como el de 1978.
P.– ¿Nos estamos vaciando?
R.– Peor. Se está produciendo la fragmentación de la idea de España como nación, la idea de conjunto.Mientras el edificio constitucional se diluye, sólo se piensa en el escenario pequeño de cada territorio. En realidad, no tenemos una idea común y compartida de España como nación. No la tuvimos ni en el 78.
P.– Los españoles creyeron que, con la aprobación de la Constitución, el conflicto territorial estaba superado.
R.– Y, de hecho, la idea de solucionar el problema histórico de la pluralidad de España a través del invento del Estado autonómico es válida. Yo no me apunto a la idea de que hay que liquidarlo. Pero la indefinición constitucional sobre lo que son las nacionalidades y las regiones dejó abierto un problema que requería mucha madurez, mucho buen sentido. Y ese buen sentido se ha ido dilapidando poco a poco.
P.– ¿Sería ahora cierta la frase que tanta risa produjo en su momento de que España se rompe?
R.– Cuando se dijo esa frase parecía una exageración. Ahora, visto lo de Cataluña, la frase tiene mayor sentido. No creo que España pueda romperse. La integración de España en la UE ha supuesto una salvaguardia. Pero sí creo que se necesitan nuevas formas de articular la unidad política de España.
Nuevo consenso
P.– ¿Habla de un nuevo diseño?
R.– Hablo de buscar un nuevo consenso en torno a los conceptos básicos de la unidad política de España. En definitiva, ¿es necesario buscar acuerdos para integrar las partes de España que tienen una pulsióncentrífuga? Sí, es necesario.
P.– Esa pulsión es inextinguible.
R.– Pero en Cataluña no era tan clara y tan fuerte hace años.
P.–¿Qué ha pasado?
R.– Que se han roto muchas cosas y muchos puentes. Reconstruir eso no va a ser fácil porque… [largo silencio]… porque faltan las personas.
P.– Volvemos al eterno problema: ¿faltan líderes?
R.– Sí. No tenemos las personas con capacidad de liderazgo que hubo en la Transición. Eso es claro.
P.– La salida de Cataluña, más que la del País Vasco, parece imparable.
R.– Y lo peor es que esa hipotética escisión de Cataluña o delPaís Vasco es un camino hacia ninguna parte. No tiene salida ni recorrido. No pueden llegar adonde ellos dicen que quieren llegar porque no pueden hacerlo quedándose fuera de la UE.
P.– ¿La UE es nuestra garantía?
R.– Tampoco. Haríamos mal en confiar en exceso en que la UE nos protege. Éste es un problema que España tiene que solucionar por sí misma con un nuevo pacto constitucional.
P.– ¿Un pacto que implique la reforma de la Constitución?
R.–Pero sin grandes destrozos. Buena parte de los errores que se han cometido en la construcción del Estado de las Autonomías, sobre todo a partir de los años 90 para acá, han sido errores evitables, errores que están en la indefinición del Título VIII. Pero esa indefinición se puede corregir modificándolo simplemente con una ley orgánica.
P.–¿Y eso como podría ser?
R.–Exactamente como se ha hecho con el artículo 135 al establecer el tope al endeudamiento público. Sería una reforma constitucional no por el procedimiento agravado, sino simplemente por una ley orgánica que tendría que buscar un acuerdo amplio en el que estuvieran, por supuesto, los nacionalistas.
P.– ¿En qué dirección reformaría usted el Título VIII?
R.–En la de racionalizar el reparto de competencias, dejando muy claro quién hace qué, que es la pregunta elemental y básica en toda estructura federal del Estado. La dinámica producida por las sucesivas leyes de modificación de Estatutos ha devenido en que, al final, todos hacen de todo: las comunidades, el Estado y hasta las corporaciones locales, aunque éstas en menor medida. Todas las competencias son concurrentes.
P.– Algunas competencias exclusivas del Estado han sido ya cedidas.
R.–Yo no habría hecho muchas de las cosas que se han hecho. Por ejemplo, cuando, en la primera reforma que se hizo de los Estatutos en los años 90, algunas comunidades autónomas se empezaron a definir como nacionalidades, yo eso no lo hubiera permitido. Por supuesto, la dicotomía entre nacionalidades y regiones ya se había roto antes, con el referéndum de Andalucía. En ese momento se rompió el esquema constitucional. Pero luego hubo cosas que exacerbaron el proceso, como las definiciones de nacionalidad. Habría que haber dicho que no.
Competencias
P.–¿Usted recuperaría competencias cedidas del Estado?
R.–Sí. Educación, por ejemplo. Y Sanidad fue otro error monumental que se cometió en los años 2000 al transferirla por completo. Un error político y financiero. Y es que durante muchos años hemos estado jugando con la estructura del Estado sin considerar los costes financieros que implicaba cada decisión.
P.– Esa recuperación que propone tendría un altísimo coste político .
R.– El problema es que, por más que se diga que se trata de racionalizar la distribución de competencias, o incluso se proponga una reforma federal, las voces que van a surgir serán para profundizar las autonomías. ¡Profundizar la descentralización cuando los problemas que tenemos son justamente los contrarios! Es cierto que el acuerdo es difícil, pero constitucionalmente es factible. Evidentemente, sería políticamente suicida hacerlo en contra de los partidos nacionalistas. Habría que hacerlo, si no con la adhesión, por lo menos con su aquiescencia.
P.–Eso no es posible hoy.
R.–No, yo tampoco lo veo. No hay políticos, instituciones o partidos que tengan clara esa idea.
Ineficencia
P.– ¿Por qué no aparece nadie que dé un paso al frente?
R.– No sé si no quieren, no saben o no pueden. Pero se podrían hacer reformas, porque tenemos una estructura del Estado financieramente insostenible y políticamente ineficaz. Unas estructuras que se hicieron en el 78 y que hoy es necesario retocar para resolver lo que ha funcionado mal por nuestra mala cabeza.
P.– ¿Cuándo empezamos a perderla?
R.– A partir de los años 92 o 93, cuando el Estado de las Autonomías empezó a tomar una dinámica que se veía venir que era imparable y que iba a desembocar en lo que ha desembocado: en una creciente fragmentación política y jurídica, lo que conlleva una enorme dificultad para tomar decisiones.
P.– Eso pasa, por ejemplo, con la ley de unidad de mercado.
R.–La unidad de mercado está constitucionalmente garantizada. Pero yo conozco un borrador de esa ley que basa la unidad de mercado en el principio de cooperación. Y lo hace invocando los artículos de la Constitución que dan al Estado fuerza para imponer a las comunidades autónomas lo que el Estado fije. Sin embargo, la ley no está construida desde el principio de coordinación –donde el que coordina impone su criterio a las autoridades coordinadas–, sino desde el principio de cooperación, que requiere que todos unan voluntariamente sus competencias contrapuestas para lograr un objetivo. Ése es un borrador muy expresivo de las enormes dificultades que tiene el Gobierno para diseñar políticas generales, lo cual hace cada vez más difícil un funcionamiento eficiente del Estado.
P.– Para recomponer todo esto, ¿qué hace falta?
R.– Hace falta valor político y decisión. Pero se puede hacer.
P.– ¿Se ha fragmentado el sentimiento de pertenencia nacional?
R.– No, el sentimiento de pertenencia a España del español medio está intacto y es clarísimo. Se ve en fenómenos como los acontecimientos deportivos, donde aflora un sentimiento que demuestra ser muy fuerte, muy vivo y que no se ha perdido, para desesperación de algunos.
P.– ¿El problema de fragmentación está, entonces, en las elites políticas?
R.– Probablemente sí. El comportamiento de las elites autonómicas se ha mimetizado con las pulsiones centrífugas de las comunidades con fuerte personalidad nacional e histórica. Y ya todos piensan en pequeño. Se ha ido perdiendo la idea de conjunto, de que hay otra dimensión superior a la de cada territorio.
P.–Y se sacraliza lo diferente.
R.–Esos fenómenos, que han llegado hasta extremos incluso ridículos, son el síntoma de que no hemos conseguido fortalecer la unidad en la diversidad, que era el fondo del pacto constitucional del 78. Al contrario, el culto a la diversidad nos ha ido haciendo perder la idea de la unidad. Ahí hay un cierto complejo de que todo lo que no sea potenciar la autonomía territorial es centralista y antidemocrático.
P.–En el resto del mundo no pasa esto. ¿Somos unos ignorantes, somos unos paletos?
R.– El pueblo no es una manada de borregos que se maneja con la vara de un pastor. Es gente consciente que necesita que le expliquen las cosas y a dónde se quiere llegar, que la convenzan con discurso. Y eso es lo que nos falta: un discurso político nacional.
P.– Eso ahora mismo es un drama.
R.– Lo es. La locura, por ejemplo, de impulsar las reformas estatutarias de los años 2004, 2005 y 2006 fue una frivolidad que, en el caso del Estatuto de Cataluña, ha tenido consecuencias dramáticas.
P.– La tardanza del Constitucional complicó muchísimo las cosas.
R.– El TC en ese punto hizo muchas cosas muy mal, pero la sentencia que ha hecho difícilmente podía haber sido otra. Tratar de descargar sobre el Tribunal la culpa de las desastrosas consecuencias que se derivaron del Estatuto de Cataluña es una enorme injusticia. El error es originario, y se produce cuando frívolamente se pone en marcha un proceso sin haber considerado mínimamente adónde se quería llegar y qué consecuencias iba a tener. Fue una inconsciencia de quien tenía en ese momento la responsabilidad.
P.–Que se llamaba Zapatero.
R.–Prefiero no decirlo.
P.– Pero lo digo yo.
R.–Y, luego, las Cortes Generales adoptaron la postura cómoda de descargar sobre los hombros del Tribunal la labor que ellos renunciaban a hacer en la Comisión Constitucional.
P.–El TC tardó cuatro años en dictar sentencia. Imposible no pensar que cedió a presiones políticas.
R.– No hizo bien el Tribunal al dilatar tanto la sentencia. Probablemente tenía que haberse hecho mucho más resistente a las voces y a presiones que llegaban del exterior. Probablemente no se midió bien el daño que al propio Tribunal iba a causar el atender a lo que se le pedía desde fuera.
P.– Desde la prensa se hacían bloques: los conservadores van a votar esto, los progresistas esto otro.
R.–Los últimos tiempos han sido muy tormentosos, con efectos demoledores para la autoridad del Tribunal. Y, sí, es posible que esos alineamientos que eran insólitos en la historia del Tribunal se hayan producido con ocasión de la extrema politización del debate del Estatuto catalán.
Politización
P.– ¿El afán de los partidos de invadir todas las esferas de la vida civil incluye también al poder judicial?
R.– En general, sí. Ésa es una tentación irresistible del político. Pero no me preocupa tanto eso como la fortaleza de quien tiene que resistir a esa presión. Aquí es donde hay que poner el énfasis, porque nadie presiona a una persona si ésta no se deja. No se le tuerce la voluntad a un juez fácilmente, o no debería. Puede suceder en algún caso, y eso hace mucho daño, porque, además, alimenta la tentación de meter las manos en el funcionamiento de la justicia y controlar los mecanismos de selección de esos jueces.
P.– Cosa que consiguen.
R.– Y eso es un daño grave no sólo a la imagen sino a la independencia y a la autoridad de los tribunales.
P.– ¿Usted ve alguna vía de recuperación de España?
R.– No, aunque tengo la esperanza de que el discurso político de España como una unidad en la diversidad se recupere, y creo, además, que la mayoría del pueblo español desea recuperarlo. A través de estos dirigentes políticos o a través de otros. Si no aparecen, de momento, las personas que lideren ese discurso, aparecerán. Las cosas que son necesarias tarde o temprano acaban por emerger.