Este sábado se cumplen cien días de la invasión de Ceuta. El 30 y el 31 de julio, decenas de miles de personas entraron desde Marruecos por el espigón de El Tarajal ante una frontera desbordada.
El 31 de julio, Pedro Sánchez se comprometió en la ciudad a «volcar todos los recursos del Estado para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes, de manera urgente». Y añadió: «El Estado está aquí».
Cien días después, la normalidad no ha llegado. La invasión se ha estancado y, en palabras de su presidente, Juan Jesús Vivas, Ceuta «se ha convertido en un CETI«.
Según el último informe que el Gobierno llevó al Consejo de Ministros este martes, 5.957 personas ocupan las 7.507 plazas de acogida temporal habilitadas por el Estado, muchas de ellas en carpas. Antes de la invasión, la ciudad tenía quinientas, las del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.
Ahora el CETI es toda Ceuta.
A esas cifras se suman 3.688 menores tutelados por la Ciudad Autónoma, en un sistema de protección pensado para veintinueve. Y el Gobierno ceutí calcula que entre 3.000 y 4.000 inmigrantes siguen fuera de cualquier dispositivo, en barriadas y zonas de monte.
Vivas cifra en unas 15.000 las personas que permanecen en la ciudad, entre adultos y menores. Es casi una quinta parte de los 83.000 habitantes de Ceuta. El consumo de agua, según el Ejecutivo local, ha crecido un 20%.
El Gobierno ni siquiera ha sabido medir la magnitud del asalto. Moncloa habló de unas 72.000 entradas. Pero la Guardia Civil ha informado a la juez María Tardón de que 88.146 personas han regresado ya a Marruecos.
Es decir: el 30 y el 31 de julio invadieron Ceuta más de 100.000 personas. El equivalente a que Madrid sea invadida por más de cuatro millones de inmigrantes ilegales en sólo unas horas.
Cuatro millones.
El ministro Ángel Víctor Torres, al que Sánchez encomendó el mando único de la crisis casi un mes después de la invasión, sostiene que decir que Ceuta no avanza hacia la normalidad «es una falacia».
Pero el desglose oficial desmiente el triunfalismo. De los 14.818 retornos contabilizados hasta este martes, 14.180 son voluntarios. Las expulsiones apenas llegan a seiscientas treinta y ocho.
Es decir, se ha ido quien ha querido irse. Vivas lo ha resumido así: «Parece que la estrategia es que se aburran y mientras tanto los ceutíes que aguanten».
Con los menores, el balance es aún más pobre. El Gobierno ha remitido a Marruecos un centenar de expedientes, pero la Ciudad denuncia que no se ha producido ni una sola devolución. Trescientos dieciséis han sido reubicados en la Península. Algo que el Gobierno prometió que no haría.
Tampoco ha llegado el decreto para agilizar las devoluciones. El Ejecutivo lo retiró del Consejo de Ministros a finales de septiembre, entre dudas jurídicas y con Sumar presumiendo de haberlo frenado.
Y los campamentos siguen en pie. Torres ha anunciado este miércoles que algunos empezarán a desmontarse «en los próximos días». No ha dado fechas. La ciudad, que lleva semanas reclamando un calendario, se queja de que no se le ha trasladado «absolutamente nada».
Mientras tanto, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ni siquiera aclara si ha pedido explicaciones a Rabat. Y eso pese a que la Policía ha identificado a dos altos mandos marroquíes en la zona desde la que partió el asalto.
«El Ventorro de Sánchez estaba en La Mareta»
A veintidós días de las elecciones del 29 de noviembre, nada de esto parece incomodar a Sánchez, que ha relanzado su campaña con un lema nuevo.
Al despedir este martes a Óscar Puente, escribió que «políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales». El PSOE lo ha convertido en eslogan contra el PP, con Carlos Mazón como contrapunto.
Tiene razón. No todos son iguales.
Mazón pasó la tarde de la DANA en El Ventorro y acabó dejando la presidencia de la Generalitat. El Ventorro de Sánchez estaba en La Mareta, como ha recordado Pedro J. Ramírez este viernes.
El presidente inició sus vacaciones el 29 de julio, la víspera del asalto. Fueron veintisiete días, interrumpidos sólo ciento cinco minutos para pisar Ceuta: el veraneo más largo de un presidente en treinta y dos años.
Desde la residencia de Lanzarote se limitó a presidir por videoconferencia alguna reunión de ministros. No ha vuelto a la ciudad.
No se trata de equiparar tragedias distintas. Se trata de la vara de medir. Quien reprocha a otros una sobremesa en un restaurante debería explicar más de tres semanas en La Mareta mientras una ciudad española era invadida por un país que niega la soberanía territorial española.
El ejemplo de Puente tampoco resiste el calendario. Su dimisión no llegó seis días después de una tragedia, como pretende el PSOE, sino casi diez meses después de la primera, la de Adamuz, con cuarenta y seis muertos. Hizo falta la de Urda, con sesenta y nueve, para que se fuera.
Y lo hizo después de proclamar que dimitir «no va con mi carácter» y de que Sánchez rechazara su renuncia por «injusta», según el propio Puente. Pero el lema de campaña no puede tapar lo esencial.
Lo de Ceuta no es por tanto un episodio del pasado. Sigue ocurriendo hoy. Ahora mismo. Ceuta sigue invadida.
Cien días después, el Estado que Sánchez prometió en Ceuta se reduce a carpas, retornos voluntarios y anuncios sin calendario. Miles de invasores siguen en sus calles y campamentos. Y el Gobierno ni siquiera sabe decir cuándo terminará la crisis.
El 29-N no se votará un lema. Se votará a quien veraneaba en La Mareta mientras Ceuta se convertía en un enorme CETI. Si Sánchez es reelegido presidente, caerá Ceuta, y luego Melilla. En una sola legislatura