Fotos para lavar la imagen de siete días sin reacción frente a una emergencia nacional de libro. Fuera de la realidad, en el primer posado, el de Orense, Sánchez se equivocó de planeta. Tras siete años de pactos contra el Estado firmados con los independentistas, propone ahora un acuerdo nacional para abrir un debate sobre cambio climático, para que “las víctimas puedan recuperar la normalidad”, solemnizó. ¿Un pacto de Estado? Si de evitar incendios en territorios poco poblados y con grandes extensiones forestales se trata, ya existe y obliga al Gobierno.

Ese pacto está escrito, negro sobre blanco, en la Ley de desarrollo rural de 2007, en la que se mandata al Gobierno la elaboración de un Programa plurianual, con la memoria económica correspondiente, que incluya, entre los objetivos básicos, “prevención contra incendios, con especial detalle para la protección de los núcleos de población del medio rural y las áreas de montaña”. En siete años de sanchismo, ¿alguien ha visto el programa y la memoria económica en los presupuestos? Como se ha comprobado, no es una broma para un país con 27 millones de hectáreas forestales y de matorral que coinciden con los territorios más despoblados.

Desarrollo sostenible en el medio rural y planes forestales que nunca formaron parte del ideario sanchista, ni de sus prioridades de gasto. Estaban a otras cosas. Esa ley ignorada por Sánchez no deja margen alguno para enredos competenciales, especifica que el Gobierno “aprobará” el plan estratégico nacional que responda a las necesidades objetivas de una transición rural en la que se ha pasado de un espacio organizado por sociedades agrícolas y ganaderas a otro en el que pequeñas poblaciones no pueden asumir la gestión de un territorio que desborda sus capacidades. Es difícil encontrar un asunto más propio de una política de Estado.

Podría haber explicado a los sanabreses por qué el Estado debe financiar una “embajada” de Illa en China, pero no la política rural y forestal de Sanabria o Picos de Europa, a pesar de ser, esta sí, una obligación legal para Sánchez

La biomasa acumulada provocó “fuegos que no se pueden apagar” y que solo se podrían haber evitado con la aplicación de los programas anuales y planes forestales, inexcusablemente nacionales, que la ley exige al Gobierno. Casan mal siete años de absoluta desidia con el activismo fotográfico -de estudio, sin público- al que se dedica estos días Sánchez en las zonas afectadas. Entre foto y foto, le podrían recordar que la ley señala “los Presupuestos Generales del Estado contendrán los créditos” destinados a limpiar los bosques para evitar incendios.

Sánchez se enreda con el calentamiento global y además vuelven a despreciar a las víctimas. El senador socialista de Zamora y alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández, en la visita del presidente, llamó “energúmenos” a vecinos indignados a los que impidieron acercarse a la comitiva. Ese parlamentario, que apoya el cupo catalán, en vez de insultarles, podría haber explicado a los sanabreses por qué el Estado debe financiar una “embajada” de Illa en China, pero no la política rural y forestal de Sanabria o Picos de Europa, a pesar de ser, esta sí, una obligación legal para Sánchez.

Inversiones en masas forestales

Por si queda alguna duda sobre financiación “singular”: Castilla y León tiene cinco millones de hectáreas forestales totales, con poco más de dos millones de habitantes, en tanto Cataluña tiene una población cuatro veces mayor y dos millones de hectáreas. Por eso se aprobó una ley para comprometer una política nacional que compensara esos desequilibrios territoriales. Pero el PSOE se ha dedicado a hacer políticas de cohesión al revés, con más financiación para Cataluña y menos para Castilla y León o Extremadura. Y con el voto favorable de parlamentarios como el senador socialista zamorano.

El sanchismo ha provocado que el Estado haya ido desapareciendo del territorio nacional como la luz durante un eclipse. En siete años de Sánchez -mesa de la vergüenza en Suiza incluida- han desaparecido las políticas nacionales, a pesar de contar con 23 ministros. Entre ellos, Luis Planas y Sara Aagesen -antes la inefable Ribera-, responsables de una inédita gestión de las políticas rurales y forestales que están en el origen de los estallidos de incendios en media España. Sería incomprensible que en un nuevo sistema de financiación autonómica no se contemplara la urgencia de las inversiones en masas forestales en riesgo que representan más de la mitad del territorio nacional.

Del sanchismo, político y mediático, a la vista de la reacción frente a los incendios, nada se puede esperar. Como con la Dana, su única preocupación se concentra en reflotar a un Sánchez hundido sin remedio. Lo saben: si cae él, caen todos.