LIBERTAD DIGITAL 10/03/16
PABLO PLANAS
La Generalidad de Cataluña está en quiebra. No puede hacer frente al vencimiento de sus créditos, carece de efectivo para pagar nóminas y a proveedores y depende en su día a día del dinero que le presta el Estado. Debe más de sesenta mil millones de euros y está conectada a la respiración asistida del Gobierno en funciones. De no existir el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la Generalidad no podría ni costear los botellines de agua y cafés que se reparten en su consejo ejecutivo.
Gracias al FLA, a la pastizara de todos los españoles administrada por Rajoy, Guindos y Montoro, la Generalidad tiene ministro de Asuntos Exteriores; a otro pavo, Junqueras, que está preparando una Hacienda catalana; a un president nombrado a dedo para proclamar la república independiente; una red de embajadas en las principales capitales del mundo para propalar que España es una dictadura, un sistema mediático que glosa las virtudes del «pacifista» Otegi, una sanidad colapsada, una enseñanza pública que ha erradicado el español porque España es mala y los españoles, fachas, cutres y analfabetos, así como un largo etcétera de organismos, altos cargos, chupatintas, asesores y consorcios cívicos, pacíficos y festivos dedicados a romper España con sueldos y presupuestos que sufraga el Estado.
Esto lo reconocen en público Oriol Junqueras, Artur Mas, Carles Puigdemont y hasta los más cerriles propagandistas del derecho a decidir. Junqueras pide auxilio financiero a De Guindos y Montoro y estos le compran la burra de que no es para convocar plazas de inspectores de la Hacienda propia sino para pagar a las farmacias; de que no es pasta para imprimir el «Espanya ens roba», sino para atender las urgencias de la crisis.
Siempre fue así. Desde Felipe González, ningún Gobierno español ha dejado de poner la cama, de asumir los chantajes nacionalistas mientras Pujol y cía construían una nación y se hacían de oro. La diferencia es que ahora se lo montan como antes, pero sin la coartada de la estabilidad de España y demás zarandajas. Van por la directa. Tardà se golpea el dorso de una mano con el canto de la otra para decir que a tomar viento España y Guindos recibe al jefe del antedicho a la primera oportunidad y con todos los honores. ¿Qué pasa, Oriol, cuánto necesitas? Y, como siempre también, al pepero catalán que discrepa se le puede caer el pelo. El de Xavier García Albiol es el último, palmario, grosero y lacerante caso. Tras emitir una nota denunciando el trato de favor del Gobierno a los golpistas de la Generalidad, se ha metido en la madriguera ante las hondonadas de ostias que se precipitaban sobre su careto. Fuego amigo, compañero García. Censura y cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. Dí que sólo fue un calentón, que no volverá a pasar. El ministro Jorge Fernández, que conoce el paño, echó un capote a su protegido en Antena 3. Que había tenido un «arrebato», alegó. Pues eso, un mal momento.
En Moncloa pesan más otras opiniones. Hasta hace nada, la de Duran. Y siempre la de García Margallo, colega de Junqueras de sus tiempos de eurodiputado. De hecho, en el Consejo de Ministros tiene mejor prensa Oriol que García Albiol, que no tiene ninguna.
El chalaneo con el dinero del contribuyente, el separatismo de barra libre, dispone también de una versión judicial. Francesc Homs ha sido el último preboste nacionalista en pasar por el TSJC para deponer sobre el referéndum ilegal del 9-N. Otro mitin.
Denunciaba hace un par de días en TV3 Helena Rakosnik, la señora de Artur Mas, que tendría que haber más gente imputada por el 9-N. Literal. Hablaba de la carga que soporta casi en solitario su marido y dijo: «No todo el mundo que participó debería estar imputado, pero sí un grueso muy importante». Pues sólo hay cuatro, doña Helena.
El consejero de Justicia de entonces, el moderado Germà Gordó, que encargó la confección de las papeletas y las urnas a los presos de Lérida (las cárceles en Cataluña dependen del citado departamento), o el de Interior, el democristiano desaparecido en combate Ramon Espadaler, que mandó a los Mossos a velar por la integridad de las urnas, han salido de rositas gracias a un TSJC y a unos fiscales nombrados a pachas por el Parlament y el Congreso, el Govern y el Gobierno. Sin todos ellos, el 9-N no hubiera sido posible.
Por mucho pragmatismo y moderantismo que se le quiera poner al asunto, sólo cabe concluir que el separatismo goza de impunidad judicial y de la ayuda financiera del propio Estado para su golpe de Estado contra España. Y que los separatistas de la vanguardia se limpian el orto con el voto de más del cincuenta por ciento de los electores en las últimas elecciones autonómicas catalanas. Grande Guindos, enorme Montoro y tremendos los fiscales.