Fuera de la realidad

El proyecto económico de Podemos ofrece de entrada una rectificación sustancial sobre dos cuestiones fundamentales: la deuda y la edad de jubilación. Donde antes se invocaba la quita o el repudio de la deuda, se argumenta ahora que se debe abrir una reestructuración ordenada; y si antes se proclamaba la jubilación a los 60 años como conquista fundamental, ahora se acepta a los 65 y con tratamiento flexible. Estas revisiones, más la conversión de la renta vital en una fantasmagórica renta de inserción, podrían dar pie a suponer que la estrategia ha ganado en realismo; pero lo cierto es que su Proyecto Económico para la Gente es poco más (y a veces incluso menos) que una declaración de intenciones.

La declaración, ambigua en lo económico, es en cambio muy clara en lo político: se trata de comer el terreno a los socialistas. Es una pretensión legítima, pero declararse socialdemócrata implica comportarse como tal; en ese comportamiento, que cuenta con referencias y experiencias claras en España y en Europa, es en donde se medirán estas y otras declaraciones.

No basta, volviendo a la economía, con rebajar los discursos incendiarios sobre la deuda o la jubilación para convertirse en una “opción socialdemócrata”, como sostiene ahora Pablo Iglesias. La estrategia de Podemos se sostiene poco y mal porque no explica de dónde se obtendrán los recursos para financiar una renta de inserción o cualquiera de las iniciativas que presenta; y cuando lo hace (imponer una tasa a las operaciones bursátiles y a las financieras, aumentar las cotizaciones sociales) no informa —probablemente porque sus autores piensan en decisiones sin costes— de cuáles serían los efectos sobre las transacciones gravadas o del aumento del coste del trabajo para la creación de empleo. La reforma fiscal también aparece en este nivel vaporoso; apenas la supresión de las deducciones fiscales parece algo concreto.

La mayor parte del documento sigue esta línea de imprecisión. Así, se propone un pacto estatal contra la pobreza y la exclusión, pero resulta que “un pacto estatal” es justo lo que desarrolla la acción económica de cualquier Gobierno; alude a un fortalecimiento de la banca pública y una “banca de ciudadanos” sin informar de cuantos recursos (inexistentes hoy) serían necesarios para sustituir a una parte sustancial de la banca privada; pide “una modificación del Estatuto del BCE” para que incluya el empleo entre sus objetivos, como si esto fuera posible así, de inmediato; y muestra una rancia hostilidad hacia el euro con argumentos abandonados desde el año 2000.

No es que el documento no contenga aciertos esporádicos, como la prioridad de la lucha contra el fraude fiscal y la denuncia de algo tan evidente como que las políticas de ajuste han sido dañinas. Pero el diagnóstico viene sesgado por la truculencia. Quizá Podemos consiga elaborar en el futuro una estrategia económica razonada; hoy no la tiene. Deberá limar mucha retórica. Los votantes, incluso los de Podemos, aspiran a soluciones posibles; las imposibles generan más frustración.