Es un hecho constatable en las hemerotecas: el País Vasco ha carecido, desde la Transición, de una verdadera alternativa al asentamiento hegemónico del PNV, al que no han sido ajenos ni la presión intimidatoria del discurso nacionalista ni un terrorismo que condenaba a la oposición a la precariedad y a la desventaja. La gran paradoja reside en que, una vez desaparecida la violencia terrorista, en lugar de producirse el lógico rearme ideológico en los sectores políticos antes amenazados de muerte y un reforzamiento de sus valores, programas y proyectos, a lo que hemos asistido es a un espectacular desinflamiento de éstos, de su discurso y del voto constitucionalista.

Ésa ha sido la nota predominante primero en el PSE-EE, que hoy gobierna con los nacionalistas, no en el papel de agente neutralizador que intentó en el pasado, sino en el de cómplice, y después en el propio PP, que presencia, sumido en una patológica ataraxia, cómo su electorado se desliza hacia el PNV movido por un ficticio pragmatismo que ve en el aranismo un eficaz dique de contención de Bildu y Podemos.

No. Un vaciamiento tan grave de contenidos y de capacidad de iniciativa no puede achacarse sólo a la desmovilización democrática por la ausencia de atentados ni a la permanencia de la intimidación ambiental e institucional del nacionalismo. Hay una ineludible responsabilidad en esos mismos partidos cuya respuesta a la hegemonía peneuvista siempre fue insuficiente y se quedó en limitados amagos. Digamos que sólo se emplearon a fondo en responder a los nacionalismos vasco y catalán cuando éstos echaban órdagos inconstitucionales, evitando una respuesta en el terreno de sus postulados ideológicos y favoreciendo, para colmo, yendo al caso vasco, el papel dominante del PNV al convertirlo en interlocutor privilegiado y en sostenedor de los gobiernos tanto socialistas como populares.

A esa desastrosa política se añade otro lacerante aspecto: el trato que dieron los mencionados partidos de ámbito estatal a sus representaciones en el País Vasco (en Cataluña el PSC tuvo algo más de peso) como meras y sumisas sucursales llegando incluso a puentear éstas cuando se trataba de negociar un apoyo puntual en Madrid para lo que fuera: para una renovación del Poder Judicial o para los Presupuestos Generales del Estado. Las causas de ese mal crónico hay que buscarlas, sin duda, en los compromisos llamados ‘de gobernabilidad’, tanto del PP como del PSOE, en las Cortes Generales, así como en el enfermizo sometimiento a las cúpulas centrales de Ferraz y Génova. La crisis que hoy vive la dirección del PP y lo que ha dejado entrever es ilustrativa de esa endogamia, como del miedo que existe en esos centros de poder y control a que haya vida en otra parte que no sea el aparato partitocrático.

Para denunciar todas esas carencias y corregir ese rumbo a la nada, un grupo de ciudadanos presentamos el pasado 5 de marzo en Bilbao un Manifiesto Constitucional que propone una lectura de la herencia foral vasca no como un privilegio frente a los demás españoles ni como un paso hacia la nación de la que habla Urkullu, sino como un compromiso de lealtad a la Corona, de la que históricamente emana, y al orden constitucional que la protege, así como una particularidad administrativa que debe gestionarse con toda transparencia y sin la interesada e insolidaria opacidad que la caracteriza en el presente. El PNV ha falseado la foralidad, a la que históricamente fue reacio su propio fundador. Ha usurpado la paternidad sobre ésta para convertirla en un instrumento de poder y negociación oscurantista con los gobiernos nacionales, cuando no de chantaje político. Para colmo, ha logrado vender esa versión en Madrid y en el resto de España como una histórica y genuina conquista propia, lo cual genera una reacción de rechazo que es producto del éxito de esa mentira y de ese desconocimiento.

Pienso que el rearme ideológico del constitucionalismo vasco pasa por una amplia dotación de contenidos en un ‘discurso para después del terrorismo’ y que ese discurso pasa a su vez por un reencuentro moderno, social, patriótico y democrático con el fuerismo. Resulta paradójico que haya quien vea extemporánea esa invocación en boca de constitucionalistas, pero le parezca guay en boca del PNV, el partido de «Dios y leyes viejas», o de un PSE-EE que no está por su derogación sino por el entreguismo a su versión más nacionalista y falseada.

Uno recuerda muy bien que cuando, desde el movimiento cívico, se acuñó el término ‘constitucionalismo’ para redefinir una contestación democrática a la demanda secesionista que fuera más lejos del precario ‘no nacionalismo’, hubo quien replicó con la simpleza de que ‘constitucionalista significa profesor de Derecho Constitucional’. Sin embargo, no hay más que ver hoy lo que se repite ese término en el propio debate nacional para valorar su éxito. Los mismos que ayer le ponían pegas no dejan de repetirlo ante un nuevo enemigo de nuestro orden legal que se ha sumado al del nacionalismo como es el populismo antisistema. Hablemos sin miedo de ‘fuerismo constitucionalista’, sí. Caspa es la ‘nación foral’ del PNV.