Sólo los legisladores aforados pueden modificar la legislación sobre aforamientos. Y ante esa paradoja he aquí que Miguel Ángel Gallardo, el gallardo paladín del socialismo extremeño, pretende erigirse en el héroe civil que acabe con ellos… tras haberse acogido él mismo a esa prerrogativa para eludir su procesamiento. Aforamiento viene de fuero, es decir, una jurisdicción especial según el diccionario académico. Se da la circunstancia de que Pedro Sánchez prometió liquidarla cuando llegó al poder, pero ésta es la hora en que además de dejar la promesa sin cumplimiento se preocupó de aforar a Ábalos enviándolo al Congreso tras destituirlo del ministerio. Otro cambio de opinión que por supuesto no tenía relación con el escándalo que ahora conocemos.

Como tampoco tiene nada que ver, no sean mal pensados, el enchufe laboral del hermano del presidente con la desfachatez de su contratante Gallardo al ocupar a toda prisa un escaño, forzando por el camino la dimisión de una diputada y la renuncia de otros cuatro candidatos. Simplemente ocurre que el hombre se ha acordado de que su liderazgo orgánico, al que accedió en enero pasado, reclamaba la dignidad representativa de un acta de parlamentario. Es pura casualidad que esa revelación le haya venido justo cuando una jueza se disponía a sentarlo en el banquillo de acusados. La prueba es que ha abandonado la presidencia de la diputación, un cargo mejor remunerado y con más mando, para servir con mayor eficacia a los ciudadanos.

El aforamiento es una discutida figura jurídica, recogida en la Constitución, destinada a reforzar la independencia del ejercicio público frente a denuncias interpuestas por motivos espurios. Si ya de por sí es cuestionable, porque presupone que un tribunal de mayor rango es más justo y además priva o limita al beneficiario la posibilidad de plantear recursos, el desparrame de las estructuras políticas autonómicas ha derivado en flagrante abuso. Suprimirla o acotarla requiere reformar la Carta Magna, la ley del Poder Judicial y los correspondientes estatutos, siempre con mayorías cualificadas que hoy por hoy tienen poco futuro. Debería y podría bastar con un pacto no escrito de decencia y escrúpulos para evitar que sirva de parapeto legal a presuntos corruptos.

El problema es que el sanchismo ha convertido las garantías democráticas en un burladero para la delincuencia. La tendencia viene de otras épocas pero en ésta última ha derivado en una auténtica malversación del sistema porque todo el mandato está basado en la adulteración y el bastardeo de las reglas con el objetivo de proporcionar al Gobierno y a sus aliados una inmunidad –cuando no una impunidad– cada vez menos encubierta. Y a fuerza de degradación semántica y ética el fuero ha devenido en desafuero, el derecho en revés, la Fiscalía en autodefensa, la anomalía en normalidad y el honor en desvergüenza.